El PSOE de Andalucía, en evidencia por el robo de las herencias

El PSOE de Andalucía, en evidencia por el robo de las herencias

20 julio, 2018
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Actualizado: 20 julio, 2018 20:20
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, dejó en Andalucía una desastrosa herencia y pretende implantar su modelo en el resto de España, especialmente dañando a los contribuyentes con el infame impuesto de Sucesiones. 

Las protestas en el Parlamento andaluz por los afectados por este impuesto han sido varias en los últimos años, pero este jueves se ha realizado una sonora bronca, con carteles con la leyenda: «Ladrones de herencias». Así es como se sienten los afectados por las medidas de la socialista Montero Cuadrado, que contaba con el apoyo de Ciudadanos, que tan solo ha maquillado para este 2018 el infame impuesto en Andalucía, cuyo gravamen era 100 veces más elevado que en Madrid y 1.200 veces más que en Canarias.

Este impuesto, un saqueo tolerado por ley, ya que las familias tienen que pagar por la propiedad toda su vida, incluso una vez fallecen. Se grava la compraventa con un impuesto de Plusvalía, cuyo cálculo está ante el Tribunal Supremo ya que grava el rendimiento futuro de la vivienda y no el pasado; hay que continuar pagando el IBI por utilizar suelo municipal, y hay que pagar por dejar el inmueble como herencia. En resumen, un solo bien y tres saqueos al ahorro del trabajo y esfuerzo de toda una vida, más cuando se trata de un derecho, y no de un privilegio.

Ahora con Montero Cuadrado al frente del Ministerio de Hacienda se pretende volver a saquear a los propietarios particulares y empresas por tener propiedades, un claro abuso permitido por ley, con el beneplácito de la izquierda y extrema izquierda radical del Congreso. El PSOE aún no habla públicamente del impuesto de Sucesiones, más después de todos los movimientos surgidos tanto en Asturias como en Andalucía y que se han extendido a las Comunidades Autónomas con los gravámenes más altos.

Mientras altos cargos de la Junta de Andalucía se gastan el dinero público en prostitutas y cocaína, los familiares afectados por el impuesto de Sucesiones tienen que llegar a vender sus bienes para poder hacer frente al pago del tributo

En la última se ha conocido que altos cargos de la Junta de Andalucía se gastaron 14.737 euros de la tarjeta de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe). Es decir, dinero destinado a desempleados para pagar en 15 ocasiones los servicios de un club de alterne de Sevilla. Los pagos fueron anulados poco después.

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, se niega a abrir una comisión de investigación por este escándalo, donde la verdad es silenciada y en su lugar se han soltado una sarta incontable de mentiras, como aducir que se debe a un error. Una vez, pase; dos, sospechoso; pero 15 veces es ya demasiada reiteración para tratarse de un simple «error». Los pagos se realizaron con esa tarjeta ntre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010. Un «error» cometido 15 veces en solo seis horas. «No se lo cree nadie», afirman desde el PP andaluz.

Mientras esto ocurre, miles de familias se las ven y las desean para poder pagar el impuesto de Sucesiones de Andalucía. El grupo de manifestantes en el Parlamento andaluz exigió cortar todos los micrófonos, al más puro estilo ‘Kichi’, el alcalde podemita de Cádiz, y expulsar al público. Todo para evitar que la protesta popular pudiera circular por las redes y que se enterase el personal. La actitud del presidente de la Cámara autonómica fue tildada de «tiranía», según recoge Voto en Blanco.

Y el PSOE de Andalucía señala ahora al Gobierno de España como responsable del impuesto de Sucesiones, cuando es un impuesto 100% cedido y cuyo gravamen general se sitúa ahora en el 0%

La diputada Mari Carmen Prieto, no adscrita a ningún grupo y que formaba parte de Ciudadanos, preguntó al gobierno andaluz si iban a hacer algo para mitigar el dolor de las familias afectadas por el impuesto de Sucesiones, entre las que hay algunas a las que les han embargado sus bienes, otras endeudadas con Hacienda sin poder pagar los impuestos que les exigen y muchas personas y familias anteras arruinadas, desquiciados y con crisis de ansiedad y angustia.

Para enredar aún más las cosas el vicepresidente del gobierno socialista de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, afirma que el impuesto de Sucesiones es competencia del Gobierno de España. Además de mentir o desconocer gravemente el funcionamiento de este impuesto, el PSOE toma por tontos a los familiares.

No, el impuesto de Sucesiones está cedido al 100% a las Comunidades Autónomas. El Gobierno de España solo tiene competencias para fijar el mínimo, no el máximo. De hecho, en Madrid está bonificado al 99% por norma general, en Andalucía se llega a pagar hasta 100 veces más. Si fuera competencia del Estado no habría esta brutal diferencia entre uno y otro.

De las palabras de Jiménez Barrios se pueden sacar hipótesis y confirmar que el impuesto de Sucesiones dependerá del Gobierno de España, fijando un mínimo superior al 0% actual. Más cuando la propia ministra de Hacienda pretende acabar con el supuesto «dumping fiscal» de Madrid.

Las palabras de Jiménez Barrios encendieron más al público asistente, en cuya tribuna estaba la plataforma Stop Impuesto Sucesiones de Andalucía, formada por víctimas que han tenido que pagar un alto precio por cometer el delito de heredar. Los gritos y acusaciones de «ladrones» y «corruptos» fueron lo más suave que se escuchó en la sala. Poco después eran expulsados, quitándoles los carteles y con el sonido silenciado para evitar que las imágenes corrieran por Internet como la pólvora.

«La protesta protagonizada ayer, día 19 de julio de 2018, en el Parlamento de Andalucía, pasará a la historia no sólo por ser una de las más intensas, justas y emocionales contra el gobierno socialista andaluz, sino también por el hecho de que el presidente de ese órgano legislativo ordenó cortar el audio y silenciar de ese modo antidemocrático la voz de protesta ciudadana, un hecho insólito en las democracias del mundo, donde los parlamentos son considerados espacios para el debate y el flujo de ideas», afirma Voto en Blanco sobre la protesta.

 

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