Un juzgado de Castellón ha condenado a la petrolera BP a abonar 2,9 millones de euros a la Plataforma de Afectados por las Petroleras (PAP) por infringir la ley de Competencia tras haber impuesto sobreprecio en las compras de gasóleo desde julio de 2006 hasta el 1 julio de 2017.
En una sentencia fechada el pasado 7 de marzo a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado de lo mercantil nº 1 de Castellón estima parcialmente la demanda de daños y perjuicios de la Plataforma, si bien la sentencia aún no firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Castellón.
En julio de 2009, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) declaró que BP OIL, y también Repsol y Cepsa (ahora Moeve) fijaron indirectamente los precios de venta al público de los carburantes a los distribuidores independientes de su red, infringiendo varios artículos de la normativa europea.
La sanción de un juzgado de Castellón a BP arranca en un expediente de la CNMC
Ello, pese al reconocimiento expreso de BP al titular de la estación de servicio de la posibilidad de hacer descuentos, y a la realización de rebajas a través de las tarjetas de pago y fidelización.
También consideró que los distribuidores afectados por la práctica ilícita eran los titulares de las estaciones de servicio en régimen de comisión o de reventa de descuentos fijo o indiciado a un precio de referencia.
Al no cesar BP en dichas prácticas, posteriormente la CNMC emitió otra resolución, impugnada en los tribunales por la petrolera británica.