Caso Iberdrola-Villarejo: la exalcaldesa de Arcos, Cádiz, defiende la actuación de la eléctrica
La causa abierta en la Audiencia Nacional trata de aclarar si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, que no es otro que el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. 

Caso Iberdrola-Villarejo: la exalcaldesa de Arcos, Cádiz, defiende la actuación de la eléctrica

02 marzo, 2022
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Actualizado: 02 marzo, 2022 1:22
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La exalcaldesa de Arcos de la Frontera (Cádiz) Josefa Caro ha asegurado este martes ante la Audiencia Nacional que jamás recibieron presiones ni hubo ningún factor externo que les forzara a aprobar la construcción de la central termoeléctrica de Iberdrola en su término municipal.

Caro, que ha comparecido en calidad de testigo en el marco de la causa que investiga la relación de la eléctrica con empresas del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, ha dicho que las instalaciones contaban con todos los permisos, y ha negado haberse sentido monitorizada o seguida.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, la exalcaldesa ha explicado que, de hecho, contrataron a un abogado para que revisara la documentación relacionada con la central.

Este les dijo que todo estaba en orden, ha admitido Caro, que ha incidido en que si el Ayuntamiento hubiese impedido su construcción, habría incumplido la normativa.

La exalcaldesa ha testificado con motivo del conocido como «proyecto Arrow», un supuesto encargo de Iberdrola a Villarejo ante la oposición de una concejal al proyecto.

Las declaraciones se retomarán mañana, jornada en la que está citado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, que aunque está llamado como testigo, acudirá con su abogado al estar siendo investigado en otras piezas separadas del caso Villarejo.

El mismo miércoles intervendrán además, entre otros, los ecologistas Manuel Gómez y Ángel Fernández.

La causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que imputa, entre otros, al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, trata de aclarar si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, que no es otro que el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. 

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