La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, declarada antonuclear, ha defendido este miércoles que su política energética es un «referente internacional» y ha lamentado que el PP quiera «volver atrás» con una propuesta energética «basada en negar el cambio climático y en el antieuropeísmo». Aagesen obvia, porque no lo desconoce, que el número de países que apoya la Declaración para triplicar la capacidad de energía nuclear de aquí a 2050 ha crecido hasta 33, con la reciente incorporación de Ruanda y Senegal, anunciada al margen de la COP30 en Belém, Brasil. También ha aumentado el apoyo entre compañías del sector nuclear, grandes consumidores de energía e instituciones financieras.
La Declaración, presentada originalmente en la COP28 en Dubái en diciembre de 2023, contaba con 25 países firmantes. En reuniones paralelas de la World Nuclear Association (WNA), ministros de países como Canadá, Francia, Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos se comprometieron con la ambición compartida de triplicar la capacidad nuclear mundial. En la COP29 en Bakú en 2024, otros seis países añadieron su apoyo. Y ahora en la COP30 han crecido a 33, estando entre ellos, los más desarrollados del mundo.
Aagesen, que quiere cerrar Almaraz y el resto de las centrales nucleares españolas, defiende su cruzada antinuclear, mientras que cada vez más países la retoman como fuente de energía no dependiente del exterior, limpia, barata y segura
Sin embargo, Aagesen, que quiere cerrar Almaraz y el resto de las centrales nucleares españolas, defiende su cruzada antinuclear. «Me preocupa mucho que quieran volver atrás y me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos ¿votarán con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar en Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio eso es lo que me están pidiendo?», le ha dicho Aagesen al diputado del PP Guillermo Mariscal en el sesión de control del Congreso.
En esa línea, la ministra ha asegurado que esta semana ha recibido una carta de la Generalitat valenciana en la que pide al Ejecutivo «un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas».
Por su parte, Mariscal ha dicho que Aagesen es la que está «desconectada de la realidad» y le ha reprochado que «siga sin reconocer las causas del gran apagón» del pasado 28 de abril, que según el PP fueron la «falta de programación de control de tensión y la falta de tecnologías síncronas como la nuclear, que llevó al colapso por sobretensión».
1.500 millones de euros extra
«Por su planificación vamos a pagar 1.500 millones de euros extras y además están marginando la integración de renovables. Han convertido un sistema robusto en frágil», ha espetado el representante del PP a Aagesen.
Mariscal también ha afirmado que la «estrategia antinuclear» del Gobierno de Pedro Sánchez es «proapagón» y ha sostenido que, si el 28 abril Almaraz I no hubiera funcionado al 65 % y Almaraz II no hubiera estado desconectado y ambos equipos hubieran funcionado al cien por cien, hubiera sido «más fácil evitar el apagón».
La ministra ha hecho hincapié en que el PP mira a «políticas del pasado» y a «ocurrencias regulatorias que paralizaron en España el despliegue de las renovables, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética del exterior y dañaron nuestra credibilidad con arbitrajes».
A ese respecto ha incidido en que la «factura en diferido» de la política energética del PP son los más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales que se encontraron los socialistas cuando accedieron al gobierno. Lo que no cuenta, sin embargo, es que esos arbitrajes fueron producto de unas insostenibles primas del 7% concedidas por Zapatero en el año 2007 a las renovables, que estuvieron a punto de acabar con la viabilidad financiera del sistema eléctrico español disparando su déficit.


