La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.
Aunque coincidente en el tiempo, se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que se detuvo el miércoles junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.
Dentro de la investigación a Plus Ultra, varios agentes de la Policía Nacional han acudido este jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía.
El Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos
Ante esta entrada, y antes de que conocerse los arrestos practicados, fuentes de la aerolínea han trasladado a EFE su plena colaboración y que están «facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera», al tiempo que han subrayado que no se estaba produciendo un registro.
El juzgado que instruye y dirige esta operación investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.
Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
