El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo ha homologado el plan de reestructuración presentado por Duro Felguera para el grupo empresarial y sus filiales. La empresa asturiana es otra más de las que España adeuda dinero público a la SEPI que le concedió un préstamo pese a su difícil situación financiera y de solvencia. Duro Felguera debe 120 millones de euros. Esta cantidad corresponde al rescate público recibido a principios de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que concedía el Ministerio de Hacienda dirigido entonces por María Jesús Montero.
En ese año, tras quedar destituido Víctor Fernández por su implicación en el caso de la Mina de Aznalcóllar cuando trabajaba en la Junta de Andalucía para María José Montero, y hoy imputado por el caso Leire Díez por intermediar, tras el pago de mordidas o comisiones por el rescate de empresas con dinero público, la fontanera del POSE, presidía en funciones la Sepi Bartolomé Lora, hoy imputado también por el rescate de Air Europa.
El plan de Duro Felguera
El plan quedo aprobado por el Consejo de Administración de Duro Felguera el pasado 21 de octubre con el objetivo de dotar a la empresa de «viabilidad y futuro» y evitar el concurso, y una semana después solicitó su homologación judicial, último paso necesario para su reestructuración.
Tras varios meses de estudio, el juzgado ha homologado el plan de reestructuración para Duro Felguera y sus filiales Calderería Pesada, Mompresa, Operaciones y Montajes y Energy Storage, mediante una sentencia dictada este lunes.
