El Tribunal de Instancia de Alicante ha admitido la demanda del fundador de Finetwork, Pascual Pérez, contra el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, y ha citado a este último a declarar como investigado el 1 de septiembre.
Según el auto al que ha tenido acceso EFE, la titular de la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha estimado que los hechos relatados en la querella presentada por el empresario alicantino y su sociedad El Flautista S. L. «presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de administración desleal» y que el escrito «reúne los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Por todo ello, ha señalado «el próximo día 1 de septiembre a las 11.00 horas para recibir declaración en calidad de querellado a D. José Miguel García Fernández, a través de videoconferencia con los Juzgados de Madrid, remitiéndose copia de la querella y de los documentos aportados para su traslado».
Según un comunicado de la representación legal de Pascual Pérez, éste compareció el pasado 28 de julio ante el juzgado y ratificó la querella en los términos acordados en el auto de admisión.
Primer ejecutivo y apoderado de Vodafone España
La querella presentada por el fundador de la empresa matriz de Finetwork, Wewi Mobile, y a la que ha tenido acceso EFE ha expuesto que desde el 7 de octubre de 2025 al 29 de abril de 2026 José Miguel García ejerció a la vez las funciones de primer ejecutivo y apoderado de Vodafone España y de administrador único de la compañía alicantina.
En dicho periodo, según el escrito, García firmó el contrato por el que la marca Finetwork pasó a Vodafone y un acuerdo de compensación de deudas entre ambas sociedades, entre otras acciones.
Por todo ello, la acusación particular ha considerado que estas conductas podrían calificarse como presuntos delitos de administración desleal agravada, falseamiento de cuentas anuales, estafa procesal agravada e insolvencia punible.
Asimismo, ha pedido las medidas cautelares de suspensión de la inscripción de la marca Finetwork a nombre de Vodafone España, la conservación judicial de las fuentes de pruebas documentales y electrónicas, y una fianza de 50 millones de euros.