El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo

El Ciadi vuelve a dar la razón a Enagás en su laudo con Perú sobre la inversión en TGP

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha vuelto a dar la razón a Enagás en el segundo arbitraje de Perú relativo a la inversión de Enagás en las sociedades peruanas TGP (Transportadora de Gas del Perú) y Coga (la compañía operadora de gas del Amazonas).

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, el tribunal arbitral ordena a Perú permitir a Enagás transferir al exterior los dividendo devengados, presentes y futuros, provenientes de su participación en TGP, así como devolver la carta fianza constituida por Enagás por 65 millones de dólares (unos 59 millones de euros).

El laudo estima que Perú ha incumplido sus obligaciones recogidas en el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre ambos países en relación con la inversión de Enagás en TGP y Coga.

Además, el tribunal impone a Perú el pago de las costas procesales por un importe superior a 4 millones de dólares.

Enagás reitera su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de Perú

Enagás reitera su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de Perú a los efectos de poder ejecutar el laudo de manera satisfactoria para ambas partes.

La empresa tenía abierto este procedimiento arbitral con el objetivo de hacer efectiva la aplicación de los convenios de estabilidad jurídica de esta sociedad frente a la prohibición de transferir al exterior los dividendos cobrados por dicha inversión.

Por otra parte, Enagás mantiene abierto otro proceso de arbitraje con Perú para recuperar su inversión en GSP, el Gasoducto Sur peruano, después de que dicho país rescindiera en 2017 la concesión del gasoducto a un consorcio en el que participaba la española, junto a la constructora brasileña Odebrecht, y Graña y Montero.

Tras dos resoluciones favorables del CIADI relativas a dicho laudo, la última en mayo de 2025 elevó el importe a pagar por parte de Perú hasta los 302 millones de dólares, se espera una resolución definitiva en el primer semestre de 2027.

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