El juicio a Iberdrola Gestión por manipular supuestamente los precios de la electricidad empieza esta semana

La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) acogerá desde este martes el juicio contra Iberdrola Generación España, empresa de la multinacional Iberdrola presidida por Ignacio Sánchez Galán, por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013.

De acuerdo con su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los entonces cuatro directivos involucrados en el caso.

Anticorrupción plantea asimismo que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107,3 millones de euros -importe del presunto perjuicio a la demanda- de forma conjunta y solidaria a varias comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten haberse visto afectadas, entre ellas, consumidores finales de energía.

Para el Ministerio Público, Iberdrola Generación, «con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda».

Para conseguirlo, prosigue, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 «aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo».

Lo hizo a un nivel «por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad».

Cuatro directivos de Iberdrola Gestión se sientan en el banquillo de los acusados

Ante esta situación, dichas centrales dejaron de producir, explica Anticorrupción, que señala directamente a la entonces directiva de Iberdrola Generación, compuesta por el director de gestión de la energía, Ángel Chiarri; el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.

La Fiscalía cree que éstos realizaron una serie de ofertas de energía que provocó «la reducción de generación eléctrica de estas centrales, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las de ciclo combinado, de coste superior».

A tenor de sus cálculos, el «artificio urdido y llevado a cabo» por los acusados habría elevado el precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros megavatio hora (MWh), lo que ocasionó un perjuicio a la demanda superior a los 107,3 millones de euros.

Si se tiene en cuenta el volumen de energía que Iberdrola Generación despachó durante los días objeto de investigación, unos 2.965,8 gigavatios (GW), el presunto beneficio obtenido ascendería a 21,2 millones de euros.

En la causa también se encuentra personada la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.