El ‘ladrillo’ contra Ayuso

 La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de estar provocando el cierre de pymes constructoras que trabajan para la Comunidad de Madrid, sus entidades públicas y ayuntamientos, al negarse a compensar el alza de los precios de los materiales.

El Gobierno de Madrid es el único que no se ha adherido a las medidas del real decreto de revisión de precios en los contratos públicos de obras aprobado el pasado marzo por el Consejo de Ministros, una decisión que la patronal considera «arbitraria» e «injusta».

A su juicio, la Comunidad de Madrid está «poniendo en riesgo la ejecución de los contratos públicos y la supervivencia, sobre todo, de las pymes madrileñas de la construcción, entre ellas suministradoras y subcontratistas».

Según denuncia en un comunicado, la «insensibilidad» del Gobierno de Ayuso está provocando el cierre de empresas constructoras que trabajan para la Comunidad, sus entidades públicas y ayuntamientos, y la pérdida de numerosos empleos en el sector, «frenando la recuperación posible con los Fondos Europeos».

La patronal recuerda que el «incremento desorbitado de los costes» derivado de la guerra de Ucrania dificulta la ejecución de los contratos públicos y que este encarecimiento era imprevisible en el momento de la licitación y excede del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura razonable que el contratista ha de soportar en todo contrato público.

Ante esta situación y a solicitud de la CNC y sindicatos del sector de la construcción, se aprobaron, mediante el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, determinadas medidas de reequilibrio de los contratos de obra, de aplicación obligatoria para la Administración General y sus entidades estatales, y de forma voluntaria para las comunidades autónomas, que pueden extenderlas a las entidades locales de su ámbito territorial.

Aunque la patronal ya remitió una carta a la Comunidad de Madrid en la que le urgía a transponer la normativa nacional y solicitaba una reunión para evitar la ralentización o paralización de la ejecución de los contratos en curso y facilitar la licitación y ejecución de los proyectos comprometidos con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a día de hoy asegura que no ha recibido respuesta.

En su carta, la patronal sostenía que la participación de las pymes constructoras en las grandes infraestructuras es habitual y necesaria, y avisaba de que el estrangulamiento del adjudicatario dificulta la actividad, el cobro y la ejecución de trabajos.

Asimismo, apuntaba que las directrices marcadas en las normas se están utilizando también en las obras privadas, donde se emplea intensivamente mano de obra y que ejecutan pymes en un 99,8 %.