El nuevo Gobierno de Ecuador negocia con Telefónica y Claro las nuevas concesiones

El Gobierno del nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tuvo su primera toma de contacto con Telefónica y con la compañía mexicana Claro para reanudar el proceso de negociación de sus nuevas concesiones de telefonía después de que las actuales fuesen prorrogadas antes de su vencimiento.

La reunión tuvo lugar este lunes entre el ministro ecuatoriano de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, César Martín, y los representantes en Ecuador de Telefónica, Luis Benatuil; y de Claro, Alfredo Escobar.

Martín resaltó para el Ministerio es prioridad brindar soluciones oportunas y técnicas a un tema que es de interés nacional, considerando que la conectividad es un derecho humano básico y fundamental para el desarrollo del país, dijo el ministro en declaraciones difundidas en un comunicado de su despacho.

El titular de la cartera de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información incidió en la intención del Gobierno de Noboa de obtener mejores condiciones de calidad para los usuarios de las más de 14,6 millones de líneas de telefónica móvil existentes en el país.

La renovación para los títulos habilitantes seguirá el proceso técnico y económico que brinde los mejores servicios a los ecuatorianos, remarcó el Ministro Martín, sobre un trámite a cargo de la estatal Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Telefónica y Claro tiene prorrogadas las concesiones concedidas en 2008 por 15 años

Las concesiones de Claro y Telefónica, otorgadas en 2008 por un periodo de quince años, quedaron prorrogadas en agosto y noviembre, respectivamente, a pocos días de que venciesen ambas, para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios mientras se retomaba el proceso de renegociación con ambas operadores.

El proceso quedó suspendido en mayo pasado por la anterior administración del presidente Guillermo Lasso pocos días después de que llevase al país a unas nuevas elecciones generales extraordinarias al disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), mediante la aplicación de la figura constitucional de la ‘muerte cruzada’.

La suspensión se dio inicialmente por 120 días para que diversas instituciones ecuatorianas remitiesen informes técnicos en medio de posturas distanciadas entre la administración públicas y las empresas por el valor a pagar por parte de las compañías para recibir las nuevas concesiones.

Tanto la multinacional española como la empresa mexicana sostienen que los costes de las redes han aumentado en los últimos años con la aparición de nuevas tecnologías de internet de alta velocidad, que exigen mantener una banda ancha capaz de sostener un gran volumen de datos de los usuarios de plataformas de transmisión, redes sociales y videollamadas, entre otros nuevos servicios.