El Supremo mexicano declara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica que perjudica a empresas como Iberdrola

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró este jueves constitucional el apartado de la Ley de la Industria Eléctrica que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al darle prioridad en el orden de despacho de la energía, así como otros importantes asuntos, que perjudican gravemente el negocio de empresas privadas, como es el caso de la española Iberdrola, con fuertes intereses en el mercado eléctrico del país azteca.

Iberdrola, acusada de corrupción y de hacer lobby con políticos y jueces por el propio presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, lleva más de 20 años en ese país. Cuenta con 1.300 empleados y 10.5 GW de capacidad instalada en 16 centrales de ciclo combinado y cogeneración, 7 parques eólicos y 3 fotovoltaicos. De hecho, la reforma eléctrica de López Obrador la incluye la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez como uno de sus potenciales riesgos en el informe de Gobierno Corporativo de 2021.

Si bien todavía no se han resuelto todos los apartados del proyecto de la magistrada Loretta Ortiz, se han declarado ya constitucional algunos asuntos tan relevantes como el nuevo orden del despacho de energía o el relativo a medioambiente y los certificados de energías limpias.

Para aprobar el proyecto de la magistrada Loretta Ortiz solo se requerían los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la modificación legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional en los apartados ya debatidos.

«Queda aprobado este primer apartado», dijo el ministro presidente, Arturo Zaldívar. El primer apartado era relativo al orden del despacho de la energía y era uno de los temas más polémicos.

A continuación, se empezaron a votar el resto de apartados. De esta manera, tampoco prosperó la acción de inconstitucionalidad sobre la consideración que modificar el orden de despacho vulneraba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

En el tercer apartado, dedicado al medioambiente y los certificados de energía limpia, tampoco se lograron los ocho votos necesarios para considerar la reforma a la ley inconstitucional.

Los 11 ministros de la Suprema Corte debían fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

Hasta el momento, solo se votó la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores, aunque al ser declarada valida la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, muy probablemente en las otras dos controversias inconstitucionales se votará en el mismo sentido, según explicaron a Efe fuentes judiciales.

LOS PORMENORES DE LA LEY

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.

Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos «en fraude a la ley», entre otros puntos.

En el proyecto de dictamen de Loretta Ortiz también se contempla que la electricidad sea considerada como un derecho humano, algo que preocupa al sector porque permitiría que hubiese una rectoría total del Estado.

VOTACIÓN MUY DIVIDIDA

El debate, que todavía continúa, lleva ya más de cinco horas.

Antes de votar, los ministros dieron los pormenores de su postura, analizando en varios casos la validez artículo por artículo.

Tras varios posicionamientos en contra de la inconstitucionalidad de la reforma en marzo de 2021 de Ley de la Industria Eléctrica, llegó el posicionamiento a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

«La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados, ni subastas», dijo Zaldívar.

«Manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto», agregó.