España es uno de los países de la OCDE en que más han caído los salarios reales entre comienzos de 2021, antes de que se sintieran los efectos del ascenso inflacionista por la guerra de Ucrania y el primer trimestre de este año, en concreto un 2 %, y no se espera un repunte ni en 2026 ni en 2027.
En su informe anual de perspectivas del empleo, publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que esa caída de España hay que compararla con una subida media del 4,9 % en el conjunto de los países miembros.
De hecho, sólo había otros seis países en los que los salarios habían perdido más poder adquisitivo que en España: Dinamarca (2,1 %), Suecia (4,8 %), Australia (5,1 %), República Checa (5,8 %), Italia (6,1 %) y Nueva Zelanda (6,4 %).
En la zona euro, también cayeron, pero menos, un 1,8 % en esos cinco años y en Estados Unidos un 1,4 %.
En términos interanuales, los salarios reales crecieron un 2 % en España hasta el primer trimestre de este año, es decir antes de que se hicieran sentir de lleno los efectos de la guerra en Oriente Medio.
Es un resultado de nuevo inferior al del conjunto de la OCDE, que registró un incremento medio del 2,2 %, lo que significa que la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en España tras las caídas por la crisis inflacionista por la guerra de Ucrania tenía menos vigor que en el conjunto de la organización.
Los salarios reales se encuentran estancados
Los autores del informe hacen notar que eso se produce a pesar de los importantes aumentos del salario mínimo decididos por el Gobierno, que han protegido a los trabajadores con menores ingresos.
Lo que apunta a que en la práctica se ha producido «un estancamiento aún mayor en los salarios reales de gran parte de la fuerza laboral».
Pero, además, la OCDE advierte de que como el crecimiento de la productividad se ha estancado en la última década y se espera que siga con esa tónica, y en un contexto de nuevas presiones inflacionistas a corto plazo, «se anticipa que los salarios reales no repunten a lo largo de 2026 y 2027».
En su análisis sobre España, la organización constata que la reforma laboral de 2021 que limitó el recurso a los contratos temporales para necesidades transitorias y endureció las condiciones para justificar su uso ha tenido efectos.
Por un lado, ahora la normativa española es una de las más estrictas sobre esa cuestión y ha conseguido «reducir el persistente dualismo del mercado laboral.
En concreto, la proporción de trabajadores con contratos temporales cayó del 24,8 % en el primer trimestre de 2022 (cuando entró en vigor la reforma) al 14,8 % en el primer trimestre de 2026, pero aun así sigue siendo superior a la de la mayoría de los países de la OCDE.
La OCDE señala que una parte de ese ajuste en realidad se ha hecho con un mayor recurso a los contratos fijos discontinuos
Además, los autores del informe señalan que una parte de ese ajuste en realidad se ha hecho con un mayor recurso a los contratos fijos discontinuos, que aunque formalmente se califican como indefinidos, pueden implicar periodos de inactividad, con lo que no ofrecen las mismas garantías de estabilidad de ingresos.
Igualmente señalan que España está en el tercio superior de países que ofrecen una mayor protección legal frente a los despidos individuales y colectivos, lo que refleja en parte una aplicación más estricta de la normativa sobre despido improcedente.
España sigue siendo el país de la OCDE con la tasa de paro más alta, y eso aunque descendió al 10,3 % en mayo, frente al 10,6 % un año antes.
El empleo ha crecido de forma ininterrumpida en el país desde la crisis de la covid
El empleo ha crecido de forma ininterrumpida en el país desde la crisis de la covid, con un aumento de la tasa de empleo de las personas de entre 15 y 64 años de 0,7 puntos porcentuales en un año hasta el 67,3 % en el primer trimestre de 2026. Pero eso se queda todavía 4,8 puntos por debajo de la media de la OCDE.
Los autores del informe señalan que en España las disparidades regionales en las tasas de empleo son «significativamente mayores» que en la mayoría de las economías de la OCDE e indican que el paro también presenta grandes diferencias, entre el mínimo provincial en Guipúzcoa (6,4 %) y el máximo de Melilla (28,3 %).
A su parecer, los flujos de trabajadores que se desplazan de zonas con poco trabajo a otras donde hay más oferta «siguen siendo demasiado limitados para reducir de forma significativa las brechas regionales de empleo».
Es más, avisan de que «en ausencia de políticas que reduzcan las barreras a la movilidad, especialmente para las personas con peores perspectivas laborales, la movilidad interregional puede acabar reforzando las disparidades existentes».