La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea «homogeneizar» el porcentaje de la prestación que cobran los trabajadores por contingencias comunes y las profesionales, así como penalizar a las empresas que complementen la cuantía de las prestaciones y «disparen el gasto sin control».
Según un documento elaborado por el secretario de Estado de Seguridad Social de abril de 2004 a diciembre de 2011, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Octavio Granado, y publicado este lunes por Fedea, es necesaria una reforma de la Ley de la Seguridad Social que se ajuste a la Constitución de 1978 y plantea una serie de cambios con el objetivo de reducir el gasto en incapacidad temporal (IT).
Así, recuerda el texto publicado por Fedea, que el gasto en IT ascendió a 18.413 millones de euros en 2025 (representando el 10,4 % de los ingresos por cotizaciones, máximo histórico), tras crecer en 6.000 millones entre 2021 y 2025 (frente a 1.100 millones que aumentó entre 2013 y 2015), y cuestiona que el incremento sólo se explique por «el mal funcionamiento del sistema sanitario».
Para recortarlo, el autor de Fedea plantea «homogeneizar» el porcentaje de prestación que se cobra por contingencias comunes (nada los tres primeros días, el 60 % de la base reguladora del 4º al 20º día y el 75 % en adelante) con el que se percibe por contingencias profesionales (el 75 % de la base reguladora desde el primer momento).
Fedea aboga por «penalizar con mayor cotización a empresas cuyos complementos convencionales por baja disparen el gasto sin control»
Además, aboga por «penalizar con mayor cotización a empresas cuyos complementos convencionales por baja disparen el gasto sin control», así como «generalizar la compatibilidad parcial entre recuperación y trabajo» y extender las políticas de recolocación de la incapacidad profesional a los procesos de enfermedad común.
Teniendo en cuenta los motivos más habituales de las bajas, propone derivar las bajas de salud mental prolongadas a especialistas y exigir rehabilitación obligatoria o concertada con mutuas, a las que también quiere dotar de capacidad para tratar procesos musculoesqueléticos si las comunidades autónomas no conciertan servicios.
Propone además universalizar la obligación de cotizar -basada en la obtención de rendimientos del trabajo, y no en la afiliación formal- incluyendo a mutualistas de clases pasivas-; y critica que el sistema de Seguridad Social sufrague la sanidad de becarios vía seguro escolar «por dejación de las comunidades autónomas».
Además, pide que la futura ley regule las cotizaciones ex post de colectivos como los mutualistas profesionales, el clero, estudiantes en prácticas o deportistas, con criterios explícitos de equidad respecto a quienes sí cotizaron a tiempo.
Viudas y viudos
Propone introducir incompatibilidad parcial de la viudedad con rentas del trabajo durante la vida activa y usar el ahorro resultante para garantizar un incremento mínimo a los viudos y viudas hoy «topados».
También reequilibrar las pensiones de viudedad y orfandad, y estudiar la progresiva sustitución del actual sistema por un régimen de seguro voluntario para parejas.
Propone generalizar la cotización recargada entre colectivos como los maquinistas de ferrocarril, estibadores, pilotos, que «mantienen edades de jubilación ancladas en condiciones de trabajo ya superadas»; y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional en los últimos diez años de vida laboral.
Y ve necesario tener en cuenta la renta del conjunto de la unidad de convivencia para priorizar los casos de renta familiar realmente baja a la hora de calcular el complemento a mínimos, como ocurre en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).