Fomento sanciona con 1.200 euros a Abertis por el caos de la AP-6

El Ministerio de Fomento ha impuesto una primera multa a Abertis por el caos circulatorio en la AP-6 durante el día de Reyes. La cifra de tan solo 1.200 euros ya que se aplica una normativa de hace 45 años.

Se trata de la primera resolución de los expedientes sancionadores abiertos contra Abertis por el caos de la AP-6 en la tarde noche de Reyes. La multa es muy inferior al máximo establecido y no llega ni al ingreso diario estimado de la concesionaria.

La justificación de Fomento se debe al «incumplimiento de la obligación establecida en el contrato de concesión de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización». Esta sanción está establecida en el anterior normativa, que data de 1973, según recoge El Mundo. Fomento da así su primer paso contra Abertis por dejar tirados a más de 3.000 vehículos a lo largo de 80 kilómetros de la AP-6 entre Reyes y el 8 de enero.

Ahora se está estudiando si la concesionaria fue negligente «en la prestación de servicios a los usuarios o en el cumplimiento de las tareas de explotación de carreteras o elementos funcionales en régimen de concesión». La cuantía por estas sanciones oscilan entre los 3.000 y 15.000 euros. Esta cantidad máxima es inferior al beneficio de un día de la concesionaria.

Este expediente tiene sus tiempos y puede llegar a alargarse durante un año entero. Sin embargo, Fomento espera reducir el tiempo hasta después del verano con una sanción de 30.000 euros.

Las multas son independientes de las reclamaciones de los particulares por los daños y perjuicios sufridos durante las 18 horas que duró el caos circulatorio, más cuando tuvo que acudir la Unidad Militar de Emergencias a rescatar a los conductores atrapados. Fomento eximió a la concesionaria y a Abertis de sufragar los costes de este despliegue. No obstante, podría pedir que pague.

El Ministerio de Fomento estudió en enero repercutir el coste de la movilidad de los efectivos de la UME a la AP-6 para rescatar a miles de viajeros que quedaron atrapados en sus vehículos. De la Serna había solicitado un informe detallado con todos los costes que incurrió el Gobierno para poder arreglar la situación, y dejaba la puerta abierta a que fuera la concesionaria quien se hiciera cargo de los mismos.

Multa de 30.000 euros a Iberpistas (filial de Abertis) por otro de los expedientes

Iberpistas será previsiblemente multada por uno de los expedientes sancionadores que le fueron abiertos por el caos que dejó atrapados a miles de usuarios en la AP-6 en enero por la nieve con la sanción máxima que prevé la Ley de Carreteras para estos supuestos, en este caso 30.000 euros.

Este expediente a Iberpistas se debe al incumplimiento en lo referente a la obligación de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización (300 euros por cada día y concesión), han informado fuentes conocedoras del proceso a Efe. En paralelo, se abrió un expediente sancionador por la Ley de Carreteras por supuesta negligencia en la prestación de servicios a los usuarios o en el cumplimiento de las tareas de explotación de carreteras o elementos funcionales en régimen de concesión, infracción por la que se contemplan multas de 3.001 a 15.000 euros.

Según la misma fuente, este expediente podría estar resuelto en septiembre y, previsiblemente, se impondrá la sanción máxima, que en esta caso supondrá una multa de 30.000 euros. La imposición de esta sanción es independiente de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados y de la de restituir o reponer las cosas a su estado anterior, en virtud de lo cual la Dirección General de Carreteras está calculando los costes de su actuación, ya que apoyó a la concesionaria con medios humanos y materiales.

Por otra parte, con independencia de que se haya producido una actuación negligente por parte de Iberpistas, se considera que tanto los medios como la infraestructura podrían haberse demostrado insuficientes en algún aspecto, provocando o agravando la situación.

Por ello, se le podría imponer medidas como, por ejemplo, la construcción de algún aparcamiento de vialidad invernal o la disposición de pasos de mediana móviles.

Las inversiones adicionales asociadas a estas medidas se considerarían incluidas en el deber de conservación que corresponde al concesionario, y estaría obligado a ejecutarlas a su costa.