El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reducido este viernes a un pronunciamiento político y de ataque al Gobierno la denominada ‘Declaración de Sevilla’, por la que comunidades autónomas gobernadas por el PP, críticas a las que se ha sumado Canarias, la autonomía española donde más peso tiene en su economía ese sector, han exigido al Ejecutivo central que abandone las políticas que «atacan y desprestigian al turismo».
Hereu ha afirmado a los medios en una visita a la sede burgalesa del Grupo Cropu que «es un ataque sin fundamento, que no se lo creen ni ellos».
Lo ha vinculado no tanto a una responsabilidad institucional como gobiernos autonómicos, sino a un «pronunciamiento muy político de partido», según el catalán Hereu.
Hereu ha recordado que España bate récords turísticos, está «en un momento de éxito» y es mérito de todo el país, tanto de las políticas turísticas del Gobierno como del trabajo que desarrolla junto con las comunidades autónomas, porque «cooperan día a día en todos los territorios» con transferencias de millones de euros.
La Declaración de Sevilla firmada por 12 de las 17 comunidades autónomas española, exige al Gobierno que abandone las políticas llevadas a cabo por Hereu que «atacan y desprestigian al turismo» y «deje de alentar los movimientos antiturismo»
El ministro ha insistido en la necesidad de transformar el modelo turístico, avanzando en desconcentrar los destinos, desestacionalizar, diversificar los productos y digitalizar la experiencia.
«Para mantener el éxito de España en el turismo tenemos que transformar el modelo turístico español porque tenemos que garantizar la sostenibilidad económica del modelo y esto solo se hace si trabajamos profundamente en la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social del modelo turístico», ha apuntado.
Y ha insistido en que el Gobierno defiende un «ecosistema del turismo al servicio de la calidad de vida, del bienestar de la sociedad» frente a la tesis «antigua» de que el país, la sociedad, deben estar al servicio del turismo.
Este jueves once comunidades autónomas gobernadas por el PP, la ciudad autónoma de Melilla (regida también por los populares) y Canarias, donde gobierna Coalición Canaria con el apoyo del PP, han suscrito la denominada ‘Declaración de Sevilla’, en la que exigen al Gobierno que abandone las políticas que «atacan y desprestigian al turismo» y «deje de alentar los movimientos antiturismo».
El documento, que se ha hecho público en el marco de la feria de innovación en el turismo (TIS), reúne a Andalucía, Aragón, Canarias, Murcia, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, la Rioja, Extremadura y Melilla, regiones que concentran en torno al 70 % del turismo nacional y el 75 % del internacional.
El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha dicho que con esta declaración reivindican el turismo como una gran industria nacional y exigen al Gobierno de España el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades en ordenación turística y territorial.
Defensa de la industria turística como motor económico
Desde la defensa de la industria turística como motor económico, estas regiones rechazan el «discurso simplista y culpabilizador del Gobierno para atacar y desprestigiar al turismo a través de las acusaciones permanentes de que el principal motor económico del país sea el responsable de su falta de acción».
Además, denuncian la quiebra de la lealtad institucional por parte del Gobierno, evidenciada por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023, una situación que les «obliga a coordinar y elevar sus propuestas fuera de los cauces oficialmente establecidos».
Los firmantes abogan por separar vivienda y turismo y aseguran que «la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables».
Las viviendas de uso turístico (VUT), cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, «no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país», añaden.
La masificación turística es culpa de la «ineficacia del Gobierno», según la Declaración de Sevilla
La declaración también aborda el fenómeno de la masificación turística que consideran que es una consecuencia directa de la «ineficacia del Gobierno Central para frenar la migración interna desde la España vaciada».
Asimismo reclaman la revisión del Real Decreto sobre el Registro Único de viviendas turísticas y consideran urgente definir el alquiler de temporada que sí es competencia exclusiva del Estado y que se haga bajo criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica.
En cuanto al transporte, critican la «visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales» y proponen que se realice conjuntamente con las Comunidades Autónomas en función de objetivos de desestacionalización y desconcentración de la demanda y plantean que se facilite la integración de los aeropuertos con la red ferroviaria.
