El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha rechazado la creación de la nueva filial de autobuses que promueve Renfe, empresa bajo gestión del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, tras los recursos de las patronales del transporte Anetra y Fenadismer, según han confirmado a EFE fuentes de ambas entidades.
En una decisión comunicada a las partes este viernes, el TACRC anula el pliego y obliga a retrotraer las actuaciones tras estimar íntegramente las reclamaciones de las patronales del transporte al detectar severas restricciones a la competencia, falta de desglose de costes y la omisión legal de la publicidad europea.
El TACRC ve en la filial de autobuses de Renfe severas restricciones a la competencia
Anetra y Fenadismer alertaron sobre «las graves irregularidades y el impacto excluyente de este proyecto», y ahora el pronunciamiento cautelar del TACRC implica que el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva.
El consejo de administración de Renfe acordó a principio de marzo la constitución de una sociedad mixta, en la que el accionista de control sería al adjudicatario, con un 51 % (el 49 % en manos de la propia Renfe) para gestionar sus servicios alternativos por carretera cuando haya incidencias en los trenes.
Sin embargo, ambas organizaciones patronales consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan «totalmente desproporcionados» y suponen un ataque directo a la libre competencia.
Transportes, contra las empresas del sector
Entre las condiciones exigidas en el procedimiento previsto por Renfe figura contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o 300 en UTE), una cifra de negocio superior a los 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de, al menos, 35 millones.
En España, dicen las dos organizaciones, el 60 % de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), con lo que las exigencias de Renfe dejarían fuera al 99 % del tejido empresarial del sector y solo podrían aspirar una decena de grandes grupos.
Con esta empresa, Renfe pretendía licitar un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga) para la prestación de los planes alternativos de transporte, con un coste estimado del servicio de 61,5 millones de euros, lo que permitiría un ahorro en el gasto de entre 90 y 130 millones de euros en los 10 años de vigencia, según el operador.
