La CNMC multa a las grandes constructoras y les prohíbe licitar en carreteras

La CNMC multa a las grandes constructoras y les prohíbe licitar en carreteras

La prohibición de contratar con la Administración se ha activado para las filiales del área de carreteras de las seis grandes empresas de la construcción en España (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL), por formar parte de un cártel de 12 empresas que pactaban un reparto de las licitaciones de Fomento entre 2014 y 2018
20 agosto, 2021
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Actualizado: 20 agosto, 2021 13:19
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado sancionar con 61,28 millones de euros a doce empresas por un supuesto pacto y alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018.

Las empresas multadas y la cuantía de sus respectivas sanciones son Acciona M. (2,34 millones); Aceinsa (3,21 millones); Alvac (5,9 millones); API (ACS) (11,8 millones; Audeca -Elecnor- (2,63 millones); Copasa (5,6 millones); Elsamex (4,04 millones); Elsan (OHL) (3,02 millones); Ferroser (Ferrovial) (5,71 millones); Innovia (Copcisa) (3,35 millones); Matinsa (FCC) (8,54 millones); Sacyr C. (5,17 millones).

La empresa Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50 % sobre el total de la multa impuesta, al haber aportado elementos de prueba y que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel. Su multa se ha reducido por tanto a 1.605.648 euros. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone, según los cálculos del organismo regulador, el 63 % del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Según explica la CNMC, el funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” y las empresas que formaban parte de ese cártel «establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado». El cártel -prosigue la nota- «agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas y  asignaba una bolsa de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación».

Según Competencia, cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas «más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos». El organismo regulador afirma que de este modo «se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo». Mediante este sistema se «incentivaba» a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación «en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura», añade la CNMC. Según las investigaciones iniciadas por la CNMC desde febrero de 2014, estas empresas acordaban también el umbral de descuentos de las ofertas y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo, por lo que «podían conseguir» que ofertas de empresas ajenas al cártel realmente competitivas «fueran excluidas» del proceso de contratación.

La CNMC afirma que ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque añade que «se han detectado conversaciones» desde 2009.

PROHIBICIÓN A NUEVOS CONTRATOS

La prohibición de contratar con la Administración se ha activado para las filiales del área de carreteras de las seis grandes empresas de la construcción en España (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL), por formar parte de un cártel de 12 empresas que pactaban un reparto de las licitaciones de Fomento entre 2014 y 2018.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado ese cártel. Este viernes, el organismo ha comunicado que las 12 compañías alteraban el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado y las sanciona en conjunto con la suma de 61,28 millones de euros.

Para hacerse una idea del impacto y alcance de este cártel, el importe total de las adjudicaciones a las empresas implicadas superó los 530 millones, lo cual supone el 63 % del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

El 60 % de la multa total ha recaído en las filiales de las denominadas «Big Six» (36.569.942 euros entre las seis), con API (filial de ACS) a la cabeza con 11.781.900 euros de multa, seguida por Matinsa (FCC), con 8.541.202 euros; Ferroser (Ferrovial), 5.712.350 euros; Sacyr Conservación (5.172.460 euros); y Elsan (OHL), 3.022.293 euros.

Competencia explica que las conductas «anticompetitivas sancionadas» se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015).

En este sentido, Competencia remitirá a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución para que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública.

El organismo regulador insta también a un análisis de la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción declarada en su resolución.

La CNMC, tras una investigación iniciada hace más de 7 años, ha comprobado que esas seis empresas, cuyas matrices forman parte de las «Big Six», acudían también a ciertas reuniones “para tomar café”.

En esas citas, además de tomar un café, el organismo regulador ha determinado que «se establecían periódicamente» los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

De las 12 empresas sancionadas por la CNMC (61,28 millones en total en multas), la colaboración de Aceinsa en las investigaciones ha podido ser clave para desenmarañar el presunto entramado irregular, formado también por Alvac, Audeca (Elecnor), Copasa, Elsamex e Innovia (Copcisa).

De hecho, Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50 % sobre el total de la multa impuesta, al haber aportado elementos de prueba y que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel.

Las empresas sancionadas «participaban sistemáticamente» en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar, asegura Competencia.

El cártel, formado por 12 empresas, consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018.

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