La Ley de Cambio Climático de Ribera pone en peligro a empresas con Ence

La nueva legislación adoptada por el Congreso de los Diputados la semana pasada con medidas para evitar el cambio climático a instancias de la ministra de Transición Ecologica, Teresa Ribera, puede poner en peligro algunos sectores, incluida la fábrica de pasta de celulosa de la ría de Pontevedra, explotada por la energética Ence, según las patronales española CEOE y la gallega CEG.

En un comunicado, ambas organizaciones indican que la entrada en vigor de la nueva Ley del Cambio Climático y Transición Energética «pondría en grave riesgo el futuro del sector mar-industria» si no se modifica el artículo 18, que establece un plazo máximo de 75 años de ocupación del dominio público marítimo-terrestre computado desde su otorgamiento, incluyendo todas sus prórrogas.

Eso afectaría a la planta de Ence en la ría de Pontevedra, construida hace más de medio siglo con una concesión por 60 años en una zona marítimo terrestre de la ría de Pontevedra y que en 2016, el entonces presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, decidió prorrogar por otros 60 años más, lo que generó amplias críticas.

Varios partidos políticos y colectivos reclaman a Ence, condenada en el pasado por delitos ecológicos, cambiar la ubicación de la fábrica, que utiliza como materia prima árboles, principalmente eucaliptos, para elaborar pasta de celulosa.

Más de 100 empresas en Galicia pueden estar afectadas

Las patronales CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y CEG (Confederación de Empresarios de Galicia) consideran que la limitación a 75 años de las concesiones en terrenos marítimo-terrestres supondría que «muchas empresas del sector ubicadas en la costa» estarían ante un «inminente fin de su autorización» y precisan que solo en Galicia hay más de cien.

Por ello, ambas patronales expresan su «rechazo» a la actual redacción del artículo 18 porque «genera inseguridad jurídica e inestabilidad, paralizando las inversiones de empresas que están desarrollando su actividad».

Señalan que son empresas que «deben situarse necesariamente en la franja litoral» por tratarse «en su mayoría de depuradoras y cocederos de marisco, plantas acuícolas o conserveras», aunque Ence no se sitúe precisamente entre esas actividades.

Añade que la legislación parece estar «obviando las singularidades de la costa gallega», que ocupa 1.700 kilómetros de litoral, y su «importancia para el sector industrial, así como, en definitiva, para el conjunto de su economía», por lo que aboga por «equilibrar la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico».

En ese sentido, las patronales española y gallega invitan a los legisladores a «recapacitar y negociar» el texto ante el trámite en el Senado.