La patronal de la logística UNO ha solicitado al Gobierno que rechace la imposición de la compra obligatoria de vehículos eléctricos de batería (BEV) que propone la Comisión Europea (CE).
Europa planeta esta obligatoriedad como parte de la estrategia de electrificación del transporte por carretera, pero UNO apunta que el plan podría generar «graves consecuencias» para las empresas del sector en España, especialmente para las pymes, al aumentar los costes operativos y dificultar la renovación de flotas.
El presidente de la patronal de logística UNO, Francisco Aranda, advierte en una nota de que esta obligatoriedad podría poner en riesgo la competitividad del sector y frenar la transición hacia un modelo de transporte más sostenible.
Aranda rechaza, además y con firmeza, la intención de la CE de imponer impuestos a las empresas que no puedan asumir esta medida.
Por otro lado, este también opina al respecto que obliga al sector a comprar vehículos que no pueden costear ni utilizar en todas las operativas y que pretenden a su juicio «penalizar con cargas fiscales a quienes no cumplan con un mandato que, en muchos casos, es inasumible».
La patronal destaca que el sector no dispone de camiones eléctricos que se puedan utilizar en todas las operativas, de incentivos económicos adecuados ni de una infraestructura de recarga suficientemente desarrollada.
Por último, UNO propone una transición energética con calendarios «realistas y alcanzables» y que respete el principio de neutralidad tecnológica e incluya todas las opciones posibles, como por ejemplo la introducción de los combustibles neutros en CO2 (CNF).
