La Policía Nacional halló correos en la empresa Sidenor, investigada por vender acero a una fabricante de armas israelí, en los que se alude a esta armamentística, IMI Systems, en una tabla donde aparece la palabra obuses en la columna de las piezas. El dueño y presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, es también el presidente de Talgo tras el desembarco del Gobierno vasco con el apoyo financiero de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) tras el pacto entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales Gil.
Este hallazgo fue destacado por la Policía en un informe, como ha podido constatar EFE este miércoles, tras el registro efectuado el pasado 10 de febrero en la planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia), ordenado por la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional investiga si la cúpula de la empresa cometió un delito de contrabando y participación por complicidad en delitos de lesa humanidad y genocidio por vender partidas de acero a Israel Military Industries (IMI) presuntamente «con pleno conocimiento» de que el material «iba lógicamente destinado a la producción de armamento».
Correos comprometidos en el despacho del director comercial de la empresa vasca
En concreto, en el registro se halló un documento en el despacho del director comercial, investigado en la causa, que contenía una cadena de correos electrónicos entre tres personas.
La comunicación más reciente, del 5 de marzo de 2025, aludía al cierre de 2024 en el sector de defensa y recogía una tabla con destinatarios en el sector del armamento, en la que aparece IMI Systems y en la columna referente a piezas relacionada con esta empresa la palabra «obuses».
Los activistas de la campaña ‘Fin al Comercio de Armas con Israel’, que iniciaron esta causa a través de la denuncia interpuesta por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, consideran que la documentación hallada es una «evidencia» de que Sidenor «tenía pleno conocimiento de que el acero exportado a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses», según sostienen en un comunicado.
«De confirmarse que dichas exportaciones se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación a la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), los hechos serían calificables como delito de contrabando», subraya la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop).
Un denunciante palestino, citado ante el juez que investiga a Sidenor el 2 de marzo
El juez Francisco de Jorge sigue entretanto con su investigación a Sidenor y el 2 de marzo ha citado como testigo a un ciudadano palestino, que reside actualmente en Madrid y es solicitante de asilo y que también ha denunciado a Sidenor al considerarse víctima de las exportaciones hechas por esta empresa, según indican fuentes jurídicas.
Fuentes de la Rescop apuntan a que será clave si finalmente éste ciudadano, que logró huir de Gaza, entra como acusación en la causa, puesto que allanaría el camino para poder mantener la investigación de los presuntos delitos de colaboración con crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Precisamente, la investigación de dichos delitos llevaron a la Fiscalía a mantener que la instrucción «se está realizando sin apoyatura legal» porque esos tipos penales solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del Ministerio Fiscal o de un «agraviado», un rol que a su juicio no tiene la asociación denunciante.
La Fiscalía se opuso al registro de Sidenor y después ha pedido anularlo, motivo por el cual los activistas pro Palestina de la Rescop acusan al Ministerio Fiscal de obstaculizar y bloquear el desarrollo de la causa.
En el procedimiento hay tres personas investigadas, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, a los que el juez investiga por una venta de acero que presuntamente se habría llevado a cabo sin solicitar la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.
