La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional, en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo policial.
El dueño de Sidenor, José Antonio Jainaga, es también presidente de Talgo, tras tomar el Gobierno vasco el control del fabricante de trenes con el apoyo financiero de la Sepi tras el pacto de Sánchez con el PNV a cambio de que los nacionalistas vasco agacharan la cabeza en los casos de corrupción que azotan al líder socialistas.
A titulo personal Jainaga cuenta con el 7,8% del fabricante de trenes, el mismo porcentaje que la Sepi, mientras el Ejecutivo autónomo del PNV-PSOE controla, con la BBK, el fondo público Finkatuz y Caja Vital, el 19,4%. Todo ello ninguneando una opa a los minoristas con el visto bueno de la CNMV al comprar solo el 27,4% del capital, pese al cambio de control accionarial y de gestión en Talgo. Lo primero que hicieron estos nuevos accionistas, que nunca han tenido relación con el sector ferroviario,fue cambiar la sede de Madrid a Álava, revelar al presidente, consejero delegados y miembros del consejo de administración.
Durante el registro, iniciado a mediodía de este martes, Sidenor está «colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones» de la acería, a fin de «trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen», según han informado fuentes de la compañía.
La Audiencia Nacional investiga a Sidenor, a su dueño, José Antonio Jainaga, ahora también presidente de Talgo, y a dos directivos por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI)
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.
Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente «con pleno conocimiento» de que el material «iba lógicamente destinado a la producción de armamento».
Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.
