La SEPI, que tiene a 25 altos cargos imputados incluida su presidenta, Belém Gualda, está dispuesta a estudiar alternativas que permitan facilitar una solución viable para Tubos Reunidos, incluida la posibilidad de flexibilizar el calendario de devolución de la deuda que la compañía vasca mantiene con la sociedad pública, que asciende entre el principal del préstamo y los intereses a 150 millones de euros, siempre en el marco de la normativa aplicable. Se da la circunstancia de que Tubos Reunidos se ha visto salpicado por el caso de la ‘fontanera’ del PSOE y Santos Cerdán por supuestamente cobrar comisiones para que la Sepi otorgara ese préstamo.
En la Sepi, hay tres presidentes, uno ya ex, como Vicente Fernández, otro solo estuvo en funciones como Bartolomé Lora, y Belén Gualda, actual responsable, que quedaron nombrados por la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda de Sánchez María Jesús Montero, imputados. Los tres están investigados por el juez Pedraz. Además hay 22 altos cargos más imputados por operaciones irregulares de las empresas públicas y mucho socialista, o amante de socialista, enchufados en ellas, como la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díaz en Enresa o en Correos, o la ‘sobrina’ de Ábalos en Ineco.
Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de rescate público de la Sepi, una cantidad que hoy asciende a 150 millones de euros, tras supuestamente mediar en ese préstamo la fontanera de las cloacas del PSOE
Así lo han asegurado fuentes de la entidad pública sobre la situación en la que se encuentra Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores y acumula una deuda de 300 millones de euros, de los que 112,8 millones iniciales (hoy casi 150 millones) corresponden a un crédito recibido en 2021.
Ese préstamo se le concedió a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) creado en 2020 como instrumento extraordinario de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Son cinco los inversores seleccionados en el proceso abierto para hacerse cargo de Tubos Reunidos, empresa dedicada a la fabricación, distribución y venta de tubos de acero sin soldadura. Todos ellos plantean reducir la plantilla y tres se comprometen a mantener la actividad de sus principales plantas, una en Amurrio (Álava) y otra en Trápaga (Bizkaia).
¿Quién asume la deuda?
Según fuentes de la empresa, ninguno de los ofertantes ha solicitado una condonación de la deuda de SEPI. La petición de todos ellos es que esta deuda no sea asumida por las unidades productivas que se adquieran y, por tanto, por los oferentes.
También el Gobierno Vasco, a través del consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha reconocido que los posibles inversores «están muy preocupados» porque plantearon las ofertas «pensando que no iba a haber una deuda de 150 millones con SEPI» y ha comunicado que hablará con la corporación estatal para intentar «abrir una situación en la que ser mucho más flexibles».
Fuentes de la SEPI reiteran la «plena disposición al diálogo y a la negociación» para contribuir a una solución que permita garantizar la continuidad de la actividad de Tubos Reunidos y explican que el FASEE está abierto a estudiar, junto con la administración concursal y los inversores interesados, todas las alternativas que permitan facilitar una solución viable.
Esa voluntad de colaboración incluye la posibilidad de flexibilizar el calendario de devolución de la financiación pública y otros aspectos de sus condiciones, dentro de las posibilidades que ofrece el marco normativo aplicable, aseguran las citadas fuentes.
Nuevos inversores para Tubos Reunidos
El objetivo, subrayan, es facilitar la entrada de nuevos inversores y favorecer las condiciones necesarias para la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, buscando fórmulas que permitan compatibilizar su viabilidad con las obligaciones derivadas de la financiación pública recibida.
Las mismas fuentes insisten en que en la SEPI desde el primer momento ha habido voluntad de explorar soluciones que contribuyan a superar las dificultades de la compañía siempre en el marco de la normativa aplicable.
De hecho, explican, el FASEE ya ha trabajado con otras empresas beneficiarias de las ayudas para encontrar fórmulas de flexibilización que han permitido facilitar nuevas inversiones y apoyar procesos de reestructuración.
El carácter público de la financiación exige que cualquier solución respete el marco europeo de ayudas de Estado, pero ello no impide -recuerdan las fuentes- explorar alternativas y adaptar las condiciones de devolución en los términos legalmente permitidos.
