España necesita 198.435 millones de euros de inversión en infraestructuras de agua, energía, medioambiente y equipamiento público imprescindibles, según demanda la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan.
En concreto, se recogen 72.134 millones para actuaciones planificadas, 56.656 millones para modernizar y adaptar infraestructuras existentes y 69.645 millones para proyectos innovadores, de acuerdo con un estudio elaborado por Sener a petición de la patronal.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, no cree que la actual polarización política afecte a las inversiones, muchas de las cuales se autofinancian, y subraya que ningún gobierno -sea del signo que sea- ha dejado de planificar y proyectar infraestructuras que van en beneficio de todos los ciudadanos, aunque en cuanto a la financiación puede haber planteamientos distintos.
Las constructoras aseguran que hace falta una gran inversión en proyectos de depuración, regadío y para mitigar sequía e inundaciones
De las inversiones en infraestructuras de agua y energía planificadas, destacan infraestructuras hidráulicas por 11.016 millones en saneamiento y depuración; 8.748 millones para abastecimiento y regadío; 4.871 millones en actuaciones relacionadas con regadíos y planes para la agricultura; 3.724 millones en la gestión de recursos hídricos para mitigar la sequía y 1.649 millones en conservación y mantenimiento.
También se contemplan 3.054 millones en actuaciones para prevenir y mitigar el riesgo de inundaciones y 4.876 millones para actuaciones relacionadas con la gestión y restauración del dominio público hidráulico, señalan desde la patronal de las constructoras.
Dado que España es el cuarto país europeo con mayores pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos (27,13 euros/habitante), además de los 2.432 millones para la adaptación al cambio climático en las Cuencas Mediterráneas, se incluyen inversiones programadas por 3.312 millones.
820 millones de inversión en el ámbito de la dana
El informe encargado por la patronal de las constructoras incorpora 820 millones de inversión en el ámbito de la pasada dana para el reestudio y ejecución de cinco estructuras de laminación y proyectos de adecuación ambiental.
En lo relativo a las inversiones planificadas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, las medidas de adaptación, capacidad e interconexión, eficiencia energética y almacenamiento hidroeléctrico requieren 34.196 millones.
También identifica 1.000 millones para la mejora de la eficiencia en el sector público y 10.534 millones para aumentar la interconexión eléctrica y cumplir el objetivo del 15 % en 2030 (32.100 MW).
56.000 millones para modernizar infraestructuras, según las constructoras
Las inversiones en modernización y adaptación del ‘stock’ de infraestructuras existente-hidráulicas, medioambientales y equipamiento público- ascienden a 56.656 millones.
Para aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua se contemplan 44.518 millones; para las de medioambiente, 2.733 millones, y para capacidad hospitalaria y neutralidad energética en equipamiento público 9.405 millones.
El informe recoge también una serie de inversiones innovadoras por 69.645 millones relacionadas con la prevención de la desertificación e impulso de cultivos de alto valor añadido; generación fotovoltaica en la red nacional de autovías o el desarrollo de energía fotovoltaica flotante, undimotriz e hidrógeno verde (21.000 millones).
Los efectos del cambio climático pueden ser dramáticos
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, remarca el reto de la adaptación al cambio climático, cuyos efectos pueden ser dramáticos, y ha apuntado que es un problema que va a afectar a todas las regiones del planeta y a todos los sectores.
A raíz de la dana, señala que había desarrollos urbanísticos e industriales ocupando barrancos, cauces y entornos inundables y que todo ello debe ser una prioridad absoluta a la hora de definir los modelos de desarrollo urbano.
Cree que el trabajo por delante debe ser compartido entre todas las administraciones y que hay que mandar mensaje unívoco para no generar confusión y rechazo en la sociedad. Ello contemplará modificar patrones de vida, usos en el territorio y considera que hay capacidad para ello.
De hecho, indica que hasta 2027 la inversión del estado va a estar muy por encima de los 10.000 millones, y que ya están preparando el segundo ciclo de planificación 2027-2032 una vez que acaben los fondos europeos.
