La Ley de Movilidad Sostenible, pendiente de aprobación en el pleno del Congreso, obligará a las gasolineras a instalar puntos de recarga ultrarrápida (la que permite cargar un vehículo eléctrico en cinco minutos) en sus establecimientos en un plazo de 21 meses. Instalar cada puntos de recarga de uso público cuesta entre unos 40.000 euros y 100.000 euros, pudiendo llegar a 600.000 euros para una instalación de alta potencia.
En la actualidad, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, diseñada por el Ministerio de Sara Aagesen, obliga a las compañías titulares de las grandes estaciones de servicio (aquellas con ventas superiores a 10 millones de litros de gasolina y gasóleo en 2019) a instalar, al menos, un punto de recarga eléctrica con una potencia de 150 kW, lo que permite cargas rápidas de hasta el 80 % de la batería en unos 30 minutos.
La Ley de Movilidad obliga tanto a las gasolineras grandes como pequeñas
En las gasolineras pequeñas (con ventas superiores a 5 millones de litros e inferiores a 10 millones) esta ley obliga a disponer de puntos de, al menos, 50 kW, en los que el tiempo medio para alcanzar el 80 % de carga es de 50 minutos.
La ley de movilidad que se tramita en el Congreso introduce una reforma de la ley de cambio climático que obliga a las energéticas a «instalar y/o acreditar, al menos, un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de, al menos, 400 kW, que incluya, al menos, un punto de recarga con una potencia disponible individual de, al menos, 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de veintiún meses a partir de la entrada en vigor de esta ley».
Esta obligación es aplicable a las gasolineras cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea superior o igual a 10 millones de litros a partir de 2025.
Además, las que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un «grupo de recarga de, al menos, 600 kW, que incluya, al menos, un punto de recarga con una potencia disponible individual de, al menos, 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua en un plazo de 12 meses».
Plan de despliegue de parques públicos de recarga
Así figura en una enmienda, a la que ha tenido acceso EFE, pactada a última hora por el PP, Sumar, ERC, Junts y BNG e incluida en el dictamen de la ley que aprobó este martes la Comisión de Transportes del Congreso.
En el caso de concesiones en redes estatales de carreteras, las nuevas obligaciones serán solo de aplicación a las gasolineras que formen parte de concesiones licitadas a partir de la entrada en vigor de la ley.
La enmienda introducida en la ley de movilidad también compromete al Gobierno a elaborar un «plan estatal para el despliegue de la infraestructura pública de recarga del vehículo eléctrico», con el fin de acelerar la descarbonización del transporte a través de la electrificación del transporte por carretera.
Este plan abordará las «necesidades de despliegue de infraestructura pública de recarga, especialmente en las áreas del país donde la iniciativa privada no proporcione las infraestructuras adecuadas, ya sea para vehículos ligeros o para las necesidades específicas de los vehículos pesados», y recogerá las medidas regulatorias y financieras dirigidas a favorecer ese despliegue.
