La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha presentado este martes en el Congreso dos propuestas de reforma del sistema de contratación pública para mejorar su eficiencia y agilizar las inversiones prioritarias en infraestructuras en España.
La secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Rocío Baguena, ha recibido las propuestas como un «punto de partida para futuras modificaciones» en la contratación pública y en la Ley de Contratos del Sector Público, al tiempo que ha señalado las «luces y sombras» de los modelos de colaboración público-privada.
El primer documento -«Propuesta de modificación de la normativa de contratación del sector público»- aborda la modificación de esta ley de 2017, especialmente en la tipología de contratos más habitual del sector: el de obra y concesión de obra, y el de concesión de servicios.
Su autor, Ernesto García-Trevijano, ha explicado que es una propuesta «técnica» y «no coyuntural» para mejorar el funcionamiento de la ley y su aplicación práctica, haciendo frente a «distintas patologías» del sistema, que hacen, por ejemplo, que casi una quinta parte de los concursos queden desiertos.
Por otra parte, la «Propuesta normativa para el impulso de la inversión mediante modelos de colaboración público-privada», elaborada por José María Gimeno Feli, supone aprobar una norma independiente para regular las formas de colaboración público-privada e impulsar la inversión a través de estos modelos.
407.000 millones en diez años
El presidente de Seopan, Julián Nuñez, ha abogado por «modernizar» el sistema para realizar, durante la próxima década, las inversiones prioritarias que necesita España y que representan, según sus datos, 407.000 millones de euros, con 280.000 millones en creación de infraestructura y 127.000 millones en conservación y mantenimiento.
La secretaria general de Transporte Terrestre ha admitido que la normativa tiene que alinearse con la realidad económica, tecnológica y administrativa para ser eficaz y que es necesario a agilizar los procedimientos, pero ha subrayado que esa actualización «no es nada sencilla», ya que es «muy complejo aunar en una normativa requisitos que muchas veces resultan contradictorios entre sí».
Sobre el impulso a la inversión con modelos de colaboración público- privada, ha recordado que, en el pasado, las concesiones administrativas se han utilizado sobre todo para salvar las dificultades presupuestarias públicas, pero se ha mostrado convencida de que es posible «ponerlos en valor con carácter estable y permanente».
«La experiencia dice que, si se fija el marco normativo correcto y se hace un reparto adecuado de los riesgos y condiciones financieras, puede ser una herramienta útil más allá de las situaciones de limitación presupuestaria», ha dicho, tras incidir en la importancia de «escoger el modelo que se adapte mejor a las necesidades y coyuntura del momento».
Las propuestas para la contratación pública
Las propuestas de Seopan pasan por aplicar los encargos a medios propios únicamente a supuestos realmente excepcionales, limitar la prohibición de contratar a situaciones relacionadas con la preparación y ejecución del contrato conforme establece la Directiva comunitaria y reformar el sistema de clasificación de contratistas para hacerlo más eficiente y adaptado a la realidad del mercado.
Asimismo, propone nuevos modelos de contratación colaborativa, con mecanismos de reequilibrio económico-financiero de los contratos en todas sus fases y agilizar los procedimientos de planificación y aprobación de proyectos y documentación contractual.
También actualizar los precios durante las fases de preparación y adjudicación de las licitaciones y recuperar la obligatoriedad de su revisión en los contratos públicos, suspendiendo la aplicación de la normativa de desindexación a los contratos del sector público.
