La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) establecerá y comunicará, en su asamblea general del próximo 21 de octubre, un calendario «inminente» de paros en el reparto domiciliario de butano en toda España, los conocidos popularmente como ‘butaneros’ ante la «grave situación» de las agencias distribuidoras.
En un comunicado remitido este jueves, la Federación carga contra el Ministerio para la Transición Ecológica y las principales empresas operadoras de gas butano -Repsol, Cepsa, Galp y Disa Gas- porque «obligan» a los distribuidores a repartir a domicilio las bombonas «a pérdidas», e insiste en que la movilización tendrá lugar hasta que se produzca la actualización de las condiciones económicas del servicio.
De acuerdo con su relato, las agencias de distribución de butano, que «abastecen a seis millones de hogares» en todo el país, atraviesan una «situación crítica» desde hace años, ya que el sistema de actualización de la retribución que perciben lleva «más de una década» sin variaciones.
Mas costes y menos margen en el reparto de los ‘butaneros’
Frente a esto, la actividad de los ‘butaneros’ ha visto aumentar los costes debido, entre otros, a la inflación, el incremento de precio de los carburantes de los vehículos de reparto, el cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad y bajas emisiones, la subida de los costes salariales y la dificultad de mantener una plantilla estable en una profesión «tan exigente y dura».
Desde la Federación aseguran haber intentado, «en múltiples ocasiones», negociar una revisión de las tarifas que permita a las agencias cubrir sus principales costes operativos, como son los salarios, el mantenimiento de la flota y otros gastos derivados del propio servicio.
Sin embargo, la «inacción» ha derivado en que, en la próxima asamblea general, se «establezca y comunique un calendario inminente» de paros en el reparto domiciliario.
A tenor de sus cifras, el fin del servicio no sólo afectaría a los millones de usuarios del butano, sino que, además, provocaría la desaparición de las más de 170 pequeñas y medianas empresas o pymes que actualmente desempeñan esa labor, y con ello la pérdida de los más de 3.500 empleos directos que generan.
