Los españoles pagaremos las cláusulas suelo de las cajas rescatadas

El Estado será quien devuelva las cláusulas suelo abusivas de las cajas rescatadas tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno quiere aprobar un código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, con el que obligará a las entidades a dar la opción de recuperar el dinero en efectivo o amortizando parte de la hipoteca pendiente.
Sin embargo, en el caso de las bancas rescatadas, será el propio Estado el que deberá devolver las cláusulas suelo abusivas  tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado a favor de la retroactividad de las devoluciones por las mismas.
Según publica OK Diario citando fuentes del Banco de España, el Estado deberá devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cajas de ahorros rescatadas en virtud de las cláusulas suelo hipotecarias ya que los esquemas de protección de activos firmados cuando se produjo la inyección de dinero público obligan al FROB a realizar las devoluciones.
En la venta de entidades recapitalizadas con fondos públicos, el vendedor asegura que cualquier responsabilidad que pudiera surgir por los contratos traspasados al comprador serán a su costa, añade el diario de Eduardo Inda. De esta forma, las indemnizaciones a los deudores hipotecarios por aplicación indebida de las cláusulas suelo son de cuenta del vendedor hasta la fecha de la venta, es decir, dinero público.

Abanca pagará 500 millones de euros de las cláusulas suelo con dinero público

El dinero que tendrá que devolver Abanca saldrá, en su mayoría, de las arcas públicas ya que en el momento de la compra de la antigua NovaCaixaGalicia se incluyó una cláusula que obliga al FROB y exime a Abanca de hacerse cargo de las devoluciones.
Rescatar Novagalicia Banco costó 9.000 millones de dinero público. En diciembre de 2013, Juan Carlos Escotet se quedó con el banco por 1.000 millones. A cambio, el FROB asumió el 85% del pago a los preferentistas por unos 500 millones de euros y a los afectados por las cláusulas suelo, lo que podría sumar otros 500 millones más y dejar en cero el dinero recuperado.