La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que «no hay ningún tipo de responsabilidad política en la (Sociedad Española de Participaciones Industriales) SEPI» porque las investigaciones que afectan a su expresidente Vicente Fernández, su mano derecha tanto en su etapa en la Junta de Andalucía como cuando ascendió al Gobierno de Pedro Sánchez, no han revelado hasta el momento «nada achacable a un mal funcionamiento».
Montero comparece en el Senado «para dar cuenta de las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción objeto de investigación judicial que afectan a su departamento», una comparecencia solicitada por el PP por su papel «al mando» de la SEPI, cuyo expresidente Vicente Fernández está imputado
La vicepresidenta ha insistido en su intervención que los presuntos amaños de contratos públicos que investiga la UCO, por los que está investigado Fernández, se refieren al periodo 2021-2023, «después de que esta persona abandonara su responsabilidad» en la SEPI en 2019, donde, sin embargo, todas las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que mantuvo su influencia junto a la conocida fontanera del PSOE, Leire Díaz.
Su mano derecha, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, tanto en su etapa en la Junta de Andalucía como cuando Montero ascendió a ministra de Sánchez, está imputado y, sin embargo, la vicepresidenta acusa al PP de «poner zancadillas» al Gobierno
Montero ha pedido al PP que «deje de lanzar insidias sobre el trabajo encomiable que realizan empleados públicos y más concretamente en la SEPI» con el único objetivo de «poner zancadillas al Gobierno».
Y, hasta el momento, «no hay investigación que ponga de manifiesto que haya habido ningún expediente que se haya tramitado de forma distinta a la legalidad», ha insistido.
«A todos nos repugna que haya personas que puedan utilizar su situación en el ámbito político para lucrarse económicamente, pero desde luego tenemos que ser capaces de perimetrar quiénes tienen que responder ante la justicia y no manchar las instituciones», ha reclamado.
1.524 auditorías sin detectar lo que la UCO si hizo con sus investigación de la Sepi
La vicepresidenta ha defendido el «buen trabajo» de la SEPI en favor del «desarrollo económico y social del país», avalado por su cuenta de resultados, que acumula tres años consecutivos de beneficios, con mayores inversiones y mayor plantilla.
Asimismo, ha recordado que la SEPI está sujeta a un «marco jurídico especial» por su pertenencia al sector público empresarial, lo que implica controles que incluyen auditorías internas y externas (1.524 en el grupo desde que gobierna el PSOE), actuaciones de control de la Intervención General del Estado (72 entre 2021 y 2025), del Tribunal de Cuentas y de las Cortes Generales. Lo que más lama la atención es que esas auditorías no pusieron de manifiesto ninguna de las irregularidades que ha detectado al UCO de la Guardia Civil en la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (Sepi).
«Nos hemos dotado de un conjunto de herramientas para asegurar los mayores estándares éticos», ha subrayado, que afectan tanto a la matriz de SEPI como a las empresas del grupo y otras compañías con las que trabajan, con mapas de riesgos, controles o canales de denuncias.
El fondo de solvencia, un «instrumento esencial»
Respecto al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, Montero ha dicho que ha sido un «instrumento esencial» para mantener el empleo y la actividad de empresas que operaban en sectores estratégicos y que recibieron un «altísimo impacto de la crisis económica causada por la pandemia». Se recuerda aún la desenfrenada defensa que hizo sobre la aerolínea Plus Ultra, insignificante en el sector aéreo español, con apenas tres aviones y un negocio centrado en Venezuela, el país idílico para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Así, se evitó la desaparición de más de 60.000 empleos, ha detallado la también ministra de Hacienda, quien ha añadido que de las 28 compañías que recibieron préstamos 10 ya los han devuelto «íntegramente» por lo que ya ha recuperado el 63 % de las ayudas concedidas, un total de 1.710 millones más 320 millones en intereses.
Además, la concesión de los préstamos se decidió en función de un «análisis económico y jurídico», un procedimiento «prolijo» desarrollado por personal especializado para comprobar los requisitos de elegibilidad.
