María Jesús Montero, la vicepresidenta de Hacienda y candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía, espera ingresar 4.185 millones de euros más de los que la Agencia Tributaria devolverá en la campaña de la Renta 2024.

Montero rechaza revisar los contratos públicos por la ‘espiral inflacionista’

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este miércoles una revisión de precios generalizada en los contratos públicos que podría llevar a «una espiral inflacionista». El problema está en que muchos de estos contratos públicos son del sector servicios, donde prevale el salario más extendido el mínimo, que sube año tras año y que tiene que asumir las empresas adjudicatarias que cada día ven como merma o entran en pérdidas si trabajan para la Administración

«Nosotros no compartimos que se produzca una desindexación de estos contratos públicos», ha zanjado Montero ante la pregunta de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en la sesión de control al Gobierno.

Sagastizabal le ha reclamado que se permita la revisión de contratos ya cerrados con la Administración ante la subida de algunos costes, como el salario mínimo, que las empresas no pudieron prever en el momento de presentarse a las ofertas.

«Esto perjudica la calidad de los servicios públicos y pone en riesgo el empleo (..) en empresas con plantillas mayoritariamente femeninas (…), empresas de inserción o centros de empleo», ha expuesto la diputada del PNV, quien ha señalado que la mayoría de estos contrato son de sectores como limpieza o atención domiciliaria, donde la mano de obra es el coste principal.

Actualmente, la ley de desindexación limita la revisión de precios en los contratos con la administración pública para la prestación de servicios.

Montero dice que las empresas ya saben de antemano las condiciones de los contratos públicos

La vicepresidenta Montero ha defendido que las empresas acuden a los concursos «sabiendo de antemano que se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber una fluctuación» en los costes de personal o de otro tipo.

En la réplica, Sagastizabal ha señalado que, frente a esta postura, el Gobierno ha elevado un 40 % el presupuesto para la licitación de la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface.

Montero ha respondido que en ese caso se trata de nuevos contratos que se licitan y que, ha deslizado, «puede que lleven un incremento que incluso a mí me pueda parecer en determinadas ocasiones excesivamente alto». 

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