Perú califica de desvergüenza la millonaria demanda de Odebrecht en el proyecto con Enagás

El primer ministro de Perú, Vicente Zeballos, criticó la «frescura» (desvergüenza) de la firma brasileña Odebrecht al demandar por 1.200 millones de dólares al Estado peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, en el que también participó la española Enagás.

Zeballos recordó este miércoles que la empresa ha reconocido «graves hechos de corrupción» ante la Fiscalía peruana, con la que ha firmado un convenio de colaboración.

«Resulta irónico poder compartir que, a pesar de estos hechos que tienen evidencias manifiestas, con carga probatoria suficiente, y con responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje», dijo.

En ese sentido, el primer ministro manifestó su «extrañeza» ante esta decisión y pidió «no pasar por alto» que Odebrecht está sujeta al acuerdo con la Fiscalía y la Procuraduría peruana.

La demanda, recibida este martes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exige a Perú la millonaria indemnización porque, según la empresa, «violó sus obligaciones» fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente entre Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.

La demanda fue interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, e indica que Perú «canceló de manera arbitraria» el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan sus derechos, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.

También señala que sus admitidos actos de corrupción en diferentes proyectos en el país no abarcan la concesión del GSP.

UN GRAN PROYECTO

El GSP, el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sureña del Cusco, hasta la costa del Pacífico.

El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival.

Sin embargo, a fines de enero de 2017 el Estado peruano canceló el contrato e impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que el consorcio no logró la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción continental conocido como Lava Jato.

En 2019, la empresa brasileña reconoció «pagos ilícitos» para adjudicarse el proyecto GSP, según reveló entonces el coordinador fiscal del Equipo Especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela.

Como parte de un acuerdo con la Fiscalía peruana tras reconocer sus sobornos en otras obras, Odebrecht se comprometió en febrero del año pasado a pagar una reparación civil de unos 184 millones de dólares, más los intereses legales, en cuotas anuales durante 15 años.

Aunque la información de la demanda fue revelada por el Ministerio de Economía, Zeballos sostuvo que el Estado peruano todavía no ha sido notificado formalmente, pero «va a acudir, como es su trayectoria, a una defensa irrestricta de sus intereses».