El Gobierno socialista portugués quiere mantener una participación en la aerolínea TAP, actualmente 100 % estatal pero que será privatizada, para asegurar los intereses «estratégicos» del país, aunque no desveló qué parte del capital quiere conservar, es lo que se conoce como golden share o acción de oro que con una pequeña participación permite a los Estados influir en empresas privatizadas. El grupo anglo-español IAG es uno de los interesados en la compra de TAP, pero hay otros en la puja como el consorcio franco-holandés Air France-KLM o la alemana Lufthansa. Lo más atractivo para estas compañías son las rutas brasileñas de la portuguesa.

«Vamos a reprivatizar en la medida de lo estrictamente necesario, para mantener la posición que el Estado debe tener en TAP y que no debe tener más», señaló hoy el primer ministro, António Costa, en un debate en el Parlamento.

Costa refirió que esa participación no será para «gestionar TAP en el día a día», sino para «asegurar los objetivos estratégicos del país», como mantener el «hub» en Lisboa, al que no van a «renunciar».

«El Estado tiene que estar efectivamente en el capital de TAP. Si tiene que estar menos o más, eso depende mucho de quien sea el otro socio», dijo el primer ministro, que apostó por mantener una «reserva estratégica pública».

Y defendió que las prioridades son, además de mantener un «hub estratégico para Sudamérica y preferentemente también para Norteamérica», asegurar la «continuidad territorial» con las islas y la conexión con las comunidades portuguesas en el extranjero.

La privatización de TAP se lanzará «en breve», aseguró Costa, que no desveló cuánto durará el proceso.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, y la aerolínea está bajo un plan de reestructuración.

El grupo hispano-británico IAG -matriz de Iberia, British Airways y Vueling-, Air France y Lufthansa ya han manifestado interés en la compañía lusa.

TAP cerró 2022 con beneficios de 65,6 millones, el primer resultado positivo en cinco años.

El Gobierno luso cesó este mes a la consejera delegada de TAP, Christine Ourmière-Widener, y al presidente del consejo de administración, Manuel Beja, tras detectar irregularidades en una indemnización pagada a una exadministradora.