La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), de la que forman parte las grandes petroleras que operan en España como Repsol, Cepsa, BP o Galp, ha advertido de que hacer permanente el impuesto a las energéticas, dando continuidad al gravamen temporal que caduca el 31 de diciembre, puede desalentar las inversiones en España. De aquí a 2030 esas inversiones suman 16.000 millones de euros con la generación de puestos de trabajo que ello supone..
En un comunicado, la asociación ha reclamado un marco fiscal adecuado para impulsar las inversiones del sector en descarbonización y transición energética.
Las empresas del sector tienen previsto dedicar a ello más de 16.000 millones de euros hasta 2030. Aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones, ha dicho la AOP.
Ha señalado que un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que ya tiene una carga fiscal muy elevada.
Según esta asociación, establecer un impuesto permanente al sector energético comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética.
El grave daño de la falta de estabilidad regulatoria
También ha afirmado que la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración por los inversores internacionales del clima económico.
Según la AOP, con el impuesto se pondría en riesgo el desarrollo de los combustibles y el hidrógeno renovables, así como los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Asimismo, recuerda que el Informe Draghi advierte de que la competitividad de la UE está lastrada por un coste de la energía más alto que los de Estados Unidos o China como consecuencia de cargas fiscales que el informe pide limitar.
También apunta que el FMI defiende que este tipo de gravámenes deben quedar limitados y temporales, así como que la CE ha indicado que las energeticas están en una situación diferente a la de 2022 durante la crisis de precios derivada.
Por todo ello, la AOP concluye que establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría «injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente».
Repsol, una de las más críticas con el Gobierno de PSOE-Sumar
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, siempre se ha mostrado muy critico con el Gobierno de PSOE-Sumar tanto por su política energética como fiscal.
En un articulo publicado el pasado martes, Imaz señaló que la inversión en el sector energético español «se ralentizará al mínimo» por el «populismo fiscal» del Gobierno, que «va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio» que provocará que «miles de millones de euros» se desvíen a otros países.
Imaz asegura que le repugna la demagogia fiscal del Gobierno de PSOE-Sumar de la que no está exento su propio presidente, Pedro Sánchez. Añade el máximo ejecutivo de Repsol que le duele que el futuro se pueda acabar «por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno».
«La falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes (…) son medidas populistas que, bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país», dice en una tribuna publicada este martes en La Vanguardia.
