La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no asume culpas de su desastrosa gestión en materia de vivienda que ha disparado los precios tanto en la compra como en el alquiler. Es más cree que los datos del INE sobre el precio de la vivienda conocidos este viernes, que registran el mayor incremento en 18 años, reafirman la tesis del Gobierno de que el mercado no garantiza el derecho a una casa, ni funciona por sí solo y lo que hay que hacer es intervenir más desde lo público. Desde luego, la Ley de Vivienda, que ha provocado una fuerte caída de la oferta en las pocas comunidades, como en Cataluña, que la han aplicado, no es buen ejemplo de ello.
Rodríguez, en unas declaraciones remitidas por su Ministerio, considera que solo desde lo público y primando el interés general se puede garantizar el derecho a una vivienda digna y recalca el interés del Ejecutivo para apurar sus competencias y su apuesta por construir más vivienda, mejorar la regulación para frenar los precios del alquiler y aumentar las ayudas para quienes más lo necesitan.
Después de más de siete años gobernando, etapa donde los precios de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler se han disparado, Rodríguez recalca ahora la apuesta del Ejecutivo por construir más y mejorar la regulación, que no es otra cosa que intervenir más el mercado inmobiliario
Asimismo, insiste en pedir a los que tienen más competencias en la materia, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y en particular a los del PP, que dejen de mirar hacia otro lado y se sumen al acuerdo propuesto por el Gobierno para triplicar la inversión en políticas públicas de vivienda y garantizar que lo que se construya con recursos públicos esté protegido para siempre.
Un estudio de la Universidad de Cantabria «desaconseja» declarar zonas tensionadas
Un estudio de la Universidad de Cantabria refleja que en las zonas declaradas tensionadas para controlar los alquileres «no se abarata la vivienda de manera efectiva» y se provoca una «reducción significativa» de la oferta, por lo que «desaconseja» aplicar esa medida.
«Las conclusiones son muy claras y demoledoras. El resultado de esta investigación es que la declaración de zonas tensionadas dificulta el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos, por lo que se desaconseja su implantación», ha resumido. «Por tanto, en Cantabria, el Gobierno de la presidenta Buruaga no va a declarar zonas tensionadas bajo ningún concepto», afirma el consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media.
Según ha explicado, el informe refleja que la declaración de zonas tensionadas en Cataluña ha llevado a que «un tercio de las viviendas de alquiler» haya salido del mercado en las cuatro capitales catalanas, mientras en el resto de comunidades solo ha caído un 3,1 % la oferta.
Además, esos controles, ha añadido, no han contribuido a la contención de los precios en Cataluña, donde han subido en un año el 10,71 %, «un comportamiento similar al de otras comunidades autónomas que no tienen declaradas zonas tensionadas».
