El Parlamento Europeo tratará el próximo lunes, 23 de junio, la petición de la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’ para evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027, algo a lo que se niega de forma reiterada el Gobierno a través su ministra de Transición Ecológica, Sara Aagensen, que, incluso, se permite despreciar a las eléctricas en su petición.
Según ha destacado el colectivo en una nota, el debate llega en un momento «crucial, ya que mientras la Unión Europea y países como Francia, Suecia o Finlandia refuerzan su apuesta por la energía nuclear como vía intermedia hacia la descarbonización de sus economías, España insiste en apagar sus reactores, privando al sistema eléctrico de una de sus fuentes más estables y libres de emisiones».
La petición de la plataforma, registrada con carácter de urgencia y admitida por la Comisión de Peticiones, señala que el cierre de Almaraz «vulnera principios esenciales de la normativa europea en materia de transición energética, seguridad de suministro y cohesión territorial».
La central de Almaraz representa el 7 % de la electricidad nacional
Asimismo, hace hincapié en que la desconexión de esta planta de energía nuclear, que representa el 7 % de la electricidad nacional y la mitad de la extremeña, «condenaría al país a depender más del gas importado para compensar la intermitencia de las renovables, con el consiguiente efecto sobre la soberanía energética y el aumento de emisiones de CO2 y de la factura energética».
«No se trata sólo de defender Almaraz, sino de no cometer un error estratégico que tendría repercusiones en toda la economía y en la calidad de vida de las personas», ha señalado el alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma, Fernando Sánchez Castilla.
En el documento, de siete páginas, se alerta de que la clausura de los 2.000 MW que puede producir Almaraz de forma constante «generaría un riesgo cierto de crisis de electricidad» y critica que España «no haya elaborado ni explicado un plan específico para gestionar esta pérdida de potencia».
Asimismo, y más allá de cuestiones puramente técnicas, la petición subraya el impacto socioeconómico del cierre en una comarca ya fuertemente castigada como es la comarca extremeña del Campo Arañuelo.
El procedimiento parlamentario establece que, tras una breve introducción del presidente de la Comisión de Peticiones, Fernando Sánchez Castilla, se dispondrá de cinco minutos para defender la petición.
Su intervención será seguida por turnos de palabra de los eurodiputados, quienes podrán mostrar apoyo o escepticismo, proponer acciones concretas y plantear preguntas.
El resultado final no se decide con una votación tradicional a mano alzada, sino mediante una valoración global que recogerá la postura de los grupos y que el presidente resumirá al cierre de la sesión.
