El Grupo Parlamentario Sumar ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) que investigue a las aerolíneas Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling por subir los precios de forma «desproporcionada» durante la suspensión del servicio ferroviario y el cierre de las carreteras de acceso a Galicia por la ola de incendios ocurridos en agosto, sobre todo entre Zamora y Orense.
Hace tan solo dos días, la CE anunció un expediente a España por no permitir que las aerolíneas «apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano», lo que el Ejecutivo entiende que contraviene la normativa comunitaria. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, sancionó por este motivo a empresas como Ryanair, Vueling, Volotea o Easyjet y ahora Bruselas le da la razón a las aerolíneas,
Al no poder desplazarse en coche ni en tren durante esos días para llegar a Galicia por la A6, la A52 y «multitud de otras vías principales», miles de usuarios «se vieron obligados a recurrir al transporte aéreo como única alternativa viable de movilidad».
Según Sumar, Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling aplicaron subidas de precios «abruptas, notoriamente superiores a los habituales» durante los incedios forestales en Galicia
En ese contexto -continúa Sumar- Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling aplicaron subidas de precios «abruptas, notoriamente superiores a los habituales», que, en muchos casos, multiplicaron por cinco o más el coste medio de los trayectos, que llegaron a alcanzar los 500 euros «o más» por vuelos nacionales que en condiciones normales «no superan los 60-80 euros».
Y además, argumenta, estas subidas de los precios se produjeron «sin información clara, previa ni justificada, y en un momento en el que la demanda de transporte no era voluntaria», sino que obedecía a una situación de fuerza mayor», lo que situó a los consumidores en una posición de «vulnerabilidad extrema, que exige una respuesta institucional».
Por todo ello, Sumar insta a la Agencia a investigar los hechos que denuncia y tomar las medidas necesarias para proteger el interés general, la equidad territorial y los derechos económicos de la ciudadanía.
También le pide que adopte medidas correctoras y preventivas, como la compensación o reembolso para los pasajeros que se vieron obligados a pagar tarifas «desorbitadas» durante el periodo objeto de denuncia.
Por último, solicita que la AESA comunique el resultado de la investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española y a la Comisión Europea para depurar «posibles responsabilidades en materia de competencia y abuso de posición dominante».
