El juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha rechazado su intento de expulsar a las acusaciones populares que lidera el PP de la parte de la causa centrada en las joyas halladas en una caja fuerte de su oficina y valoradas en más de 1,3 millones de euros.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado en un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que mantiene a las acusaciones populares, entre las que también figura Vox, Ciudadanos, Iustitia Europa o Hazte Oír en esta parte de la causa, abierta por presunto delito fiscal y de contrabando.
Zapatero alegó la falta de legitimación de las acusaciones populares para estar presentes en esta pieza separada en base a las doctrinas Botín y Atutxa, que, sin embargo, según el juez, no afectan a la fase de investigación.
Estas doctrinas no abordan la «legitimación para intervenir en la instrucción, sino la capacidad para promover la apertura de juicio oral únicamente a su instancia cuando el interés protegido es individualizado», indica el juez.
No es el único recurso de Zapatero rechazado por Calama, que ha desestimado asimismo complementar y ampliar la solicitud de cooperación jurídica cursada a Estados Unidos para «esclarecer las circunstancias» en las que EE.UU. accedió a las comunicaciones del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes que se ven como claves para la imputación del exlíder socialista en la Audiencia Nacional.
Calama insiste a Zapatero que la fase de instrucción no puede convertirse en un ámbito de anticipación especulativa
Una petición que ya rechazó Calama al considerar que hasta que no se reciba la contestación de Estados Unidos, no se puede valorar si procede atender a la solicitud de Zapatero.
La defensa del expresidente del Gobierno planteó «dudas razonables» sobre la autenticidad de las comunicaciones, la obtención, volcado, custodia o acceso a las mismas, así como respecto al intercambio de esa información entre los órganos policiales, «sin intervención judicial conocida».
Los mensajes de Reyes se aportaron por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) a la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de marzo, cinco años después de que esta agencia gubernamental estadounidense los obtuviese, en 2021, en una intervención «inicialmente orientada a contrabando».
Calama insiste en que la fase de instrucción «no puede convertirse en un ámbito de anticipación especulativa de diligencias internacionales cuyo alcance y pertinencia dependen, precisamente, del material que las autoridades extranjeras remitan» y subraya que no está obligado a «acordar de inmediato todas las diligencias solicitadas, pudiendo diferir su decisión al momento en que cuente con elementos suficientes para valorar su necesidad o utilidad».
