En el primer aniversario del apagón del 28 de abril, el sector defiende la robustez del sistema eléctrico español que ha impulsado su estabilidad con cambios en los procedimientos de operación, mientras el operador del sistema mantiene la operación reforzada con mayor presencia de ciclos combinados de gas, lo que encarece el precio mayorista. Un año después, la CNMC ha anunciado multitud de expedientes, pero tampoco hay responsables claros y todo el caso sigue bajo la misma oscuridad que generó aquel 28 de abril de hace un año.
La península Ibérica vivió en 2025 un ‘cero eléctrico’ sin precedentes, del que se recuperó horas después, y que, según coinciden los informes publicados, se debió a un problema de tensión con una causa, que, en general, consideran «multifactorial», si determinar quien fue el culpable que desató ese fallo.
Las recomendaciones se enfocaron en medidas para fortalecer y mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más complejo, varias de ellas ya puestas en marcha, que han incremento el precio de la luz.
«Hoy tenemos un procedimiento de operación actualizado que permite a las renovables ayudar a controlar la tensión de forma dinámica», explica Marta Castro, directora de regulación de Aelec, la asociación que agrupa a grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa o EDP, en declaraciones a EFE.
Aunque «su despliegue aún es limitado», matiza Castro, dado que con los datos que disponen únicamente una centena de instalaciones pueden dar actualmente control dinámico de tensión.
El papel de los ciclos combinados
El operador del sistema -Red Eléctrica- opera desde el día siguiente del apagón con la conocida como «operación reforzada», que en la práctica supone aumentar la programación de ciclos combinados, que generan electricidad a partir de gas natural y aportan estabilidad, pero aumentan el precio de la electricidad en el mercado mayorista.
El coste de esta operación reforzada hasta el 31 de marzo de este año, según los últimos cálculos de Red Eléctrica, asciende a 666 millones de euros, lo que implica un coste de 4 céntimos al día para un usuario de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVCP) con un consumo medio mensual de 300 kWh.
«El sistema gasista y los ciclos combinados han demostrado ser piezas insustituibles para garantizar ese equilibrio, y su papel no es coyuntural sino estructural, de presente y de futuro», señalan a EFE fuentes de Sedigas.
En plena revisión del marco retributivo del sistema gasista para 2027-2032 las mismas fuentes instan a que este sea «estable y suficiente» para unas infraestructuras que «sostuvieron al país en su momento más crítico».
El apagón también ha avivado el debate alrededor del cierre planificado de las centrales nucleares, un calendario pactado por las empresas propietarias y Enresa en 2019, pero que algunas voces demandan prolongar.
Marta Ugalde, presidenta de Foro Nuclear, apuntaba recientemente que «en 2025, las centrales nucleares españolas volvieron a demostrar que son una tecnología firme, predecible y estable».
Por el momento, se ha solicitado la prórroga del cierre de la central de Almaraz.
Lluvia de expedientes de la CNMV y millones de datos por analizar un año después del apagón
Más allá de las investigaciones técnicas, el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 también se dirime en la vía administrativa, con los expedientes sancionadores recién abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que superan el medio centenar y se espera que sigan en aumento.
Aunque todavía se encuentran en una fase incipiente, los expedientes iniciados por el organismo refuerzan una hipótesis inicial, y es que el siguiente escenario del ‘cero eléctrico’ serán los tribunales, que ya hoy dan cuenta de las diferencias entre las eléctricas y el operador, Red Eléctrica.
El pasado 17 de abril, la CNMC comunicó la apertura de una veintena de expedientes sancionadores dirigidos a Red Eléctrica (por posibles infracciones muy graves) y empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol (por graves) por «indicios de incumplimiento que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico».
Sin embargo, el organismo matizaba que los hechos, por sí mismos, no suponían atribuir el origen o la causa del apagón a estas compañías, ya que el suceso fue «multifactorial».
Fuentes de Red Eléctrica explicaron entonces que estaban analizando el documento, e incidieron en que el hecho de que la CNMC viera indicios para abrir un expediente no implica que se haya probado la comisión de infracción alguna por parte del operador del sistema.
Este viernes, Competencia ha lanzado más de una treintena de expedientes por posible infracción grave dirigidos a Endesa, Iberdrola, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal, entre otros, y uno por infracción muy grave a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo.
Los expedientes del apagón cubren hasta 2023
A comienzos de semana, las cúpulas de Iberdrola España, Endesa y Naturgy comparecieron en la comisión del Congreso que investiga el suceso, donde revelaron que la CNMC, en sus expedientes, ha analizado los últimos dos años de operación -se remonta a 2023- y no sólo los guarismos de aquel 28 de abril de 2025.
Esto supone, sólo en el caso de Naturgy, 880 millones de datos, según su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, que aunque no valoró los procedimientos en marcha, sí recalcó que la energética era «perfectamente» consciente de que tenía que responder a Competencia y que lo haría «en plazo».
En términos similares se expresó el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que desveló la ubicación de sus primeras siete centrales expedientadas: las hidroeléctricas de Biescas (Huesca); Ondinas (León); Mediano (Huesca); Mequinenza (Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona), y las nucleares de Vandellòs y Ascó (Tarragona).
En tres sería por presuntos incumplimientos en la hora previa al apagón, si bien Bogas alegó que estas plantas tenían sus «motivos justos» para operar así.
Son Biescas y Ondinas, que producían muy por debajo del umbral que obliga a hacer un control dinámico de tensión, y Vandellòs pues «sólo puede dar 200 megavatios (MW) y estaba dando 270 porque estaba forzada», una circunstancia que Red Eléctrica «ha conocido repetidamente cada hora de los últimos 25 años».
De la última tanda todavía no han trascendido detalles.
¿Puede una planta ‘tirar’ un sistema?
Para el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, los expedientes sancionadores darán a las energéticas el derecho a conocer de qué se les acusa y a defenderse, y «constatan una realidad: el único que con sus actuaciones ese día podía poner en riesgo la continuidad del suministro era el operador del sistema».
Como en el Senado, Ruiz-Tagle insistió en que «ninguna instalación, eléctricamente, puede poner en riesgo al sistema eléctrico español». Lo hizo en defensa de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola y situada en Badajoz, que fue señalada como el origen de la oscilación previa al apagón.
«Jamás he identificado ni la planta ni tampoco la subestación a la que evacúa su potencia», subrayó en la Cámara Alta la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, que reiteró, no obstante, que la oscilación en una fotovoltaica de Badajoz fue la «primera pieza del dominó» que condujo al ‘cero’.
La derivada judicial del apagón
Lo previsible es que, de haber sanciones (los procedimientos durarán un máximo de entre 9 y 18 meses), las empresas afectadas recurran la decisión ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
En este órgano, pero en el Juzgado Central de Instrucción número 4, se disputa ahora la batalla de las eléctricas por el acceso a las 8.000 conversaciones que Red Eléctrica aportó a la causa, ya archivada, sobre un posible ciberataque en el apagón.
«Hemos pedido los audios al juzgado y nos han dicho que contienen información comercial confidencial y que no nos lo pueden dar», contó el consejero delegado de Endesa en el Congreso. Al respecto, su homólogo en Iberdrola España sostuvo que es «fundamental» que se conozcan las conversaciones.
Fuentes jurídicas vaticinan que las compañías llevarán ahora la negativa del juez José Luis Calama ante la sala.
Al margen de ello, un juzgado de lo Mercantil de Madrid se ha declarado competente para investigar la demanda por presuntos actos de competencia desleal interpuesta por Iberdrola contra Redeia y Red Eléctrica por difundir informaciones que habrían perjudicado la reputación de la multinacional española en el mercado.
De acuerdo con la eléctrica, dichas actuaciones le atribuyeron la responsabilidad del apagón al señalar el supuesto mal funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, lo que le habría ocasionado un descrédito empresarial.
