Esta claro que la compra del 29,8% de Talgo a Trilantic por Sidenor y el Gobierno autónomo vasco, con el apoyo política del Ejecutivo de Sánchez, que ha vetado otras otras mas beneficiosas para los accionista, implica un claro cambio en el control del fabricante de trenes, aunque haya quedado fuera de esa oferta más del 70% de los accionistas, porque como dice el lehendakari, Imanol Pradales, una vez que la compañía «pase a manos vascas» habrá un nuevo consejo de administración.
¿Cuándo es obligatorio lanzar una opa sobre el 100%?
Pues bien, según afirma, la propia CNMV, «la legislación establece determinados supuestos en los que es obligatorio lanzar una opa: cuando un accionista alcanza el control de la sociedad, cuando la sociedad acuerda la exclusión de negociación de sus acciones y cuando la sociedad realiza una reducción de capital mediante la compra de sus propias acciones para su posterior amortización».
La CNMV deja claro que «las opas obligatorias se deben presentar por el 100% de las acciones de la compañía a un precio equitativo y no pueden estar sujetas a condición alguna, salvo a la obtención si corresponde, de la autorización de las autoridades de defensa de la competencia. Las opas voluntarias no están sujetas a la obligación legal de formularse a un precio equitativo o al 100% de las acciones, en ellas además el oferente puede establecer condiciones como, por ejemplo, conseguir que acepten la oferta un número mínimo de acciones para hacer efectiva la misma».
Esta claro que ni Sidenor ni el Gobierno vasco no tienen dinero ni financiación para comprar el 100% de Talgo ni esa es su intención, como si era el caso de otros oferentes, como la húngara Ganz Mavag, que ofreció 5 euros por acción a todos los accionistas, o las operaciones que estaban preparando el fondo polaco PFR o la india Jupiter Wagons. Tan claro como que la compra de solo un 29,8% de Talgo supone un cambio de control en la compañía donde se ha dejado al margen a más del 70% de los accionistas, perjudicados, sin duda, por decisiones políticas y de intervención en los mercados.
El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, que gobierna gracias al PSOE, deja claro el cambio de control en Talgo que ha ‘pasado a manos vascas»
Y es que todos los dirigentes políticos comprometidos con esta operación, desde el PSOE al PNV, pasando por Bildu, han dejado muy claro ese cambio radical en la empresa. Dice el lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, que gobierna gracias al PSOE, que una vez que la compañía «pase a manos vascas y esté el nuevo consejo de administración trabajando será el momento de hacer un gran plan industrial para que Talgo siga desarrollándose y tenga un impacto económico, industrial y de empleo en Euskadi todavía más grande».
Así lo ha anunciado este domingo el lehendakari, Imanol Pradales, quien, en declaraciones a EiTB, ha recordado que Talgo es una empresa cotizada y que, por lo tanto, está sujeta a los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pues bien, la CNMV asegura que es necesario una opa por el 100% cuando hay cambio de control.
Pradales insiste en ese cambio de control. Ha explicado que una vez cerrado definitivamente el proceso de compra venta se deberá constituir un nuevo consejo de administración que se tendrá que poner a trabajar en el plan industrial de la empresa.
«Eso es muy importante porque ahora tiene una carga de trabajo muy relevante, con más de 4.000 millones de euros de pedidos, pero tiene que seguir compitiendo en el mercado», ha dicho.
San Basilio, un hombre de Sánchez al frente de la CNMV
La CNMV ha cambiado recientemente de presidente y como ha ocurrido en otros organismos del Estado que se suponen independientes, desde el Banco de España a la CNMV, pasando por la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional, sin olvidar a RTVE, el elegido es un aliado del ‘sanchismo’, Carlos San Basilio, que ya fue en si día número dos de Nadia Calviño, la vicepresidenta y ministra de Economía de Pedro Sánchez, ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, donde disfruta de un sueldo anual superiores a los 350.000 euros euros a los que hay que sumar todos los complementos que lleva este tipo de cargos.
