Los errores del Gobierno de Zapatero cuestan ya 2.600 millones por la AP-7

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero firmó una previsión del número de usuarios de la AP-7 demasiado optimista. Al no cumplirse, el Estado se comprometía a compensar a Abertis. La factura total alcanza los 2.603 millones. Según el informe anual de la concesionaria, hay apuntados un total de 1.767 millones en concepto de indemnización, 270 millones más que en 2016, cuando Abertis obtuvo una importante victoria judicial ante el Ministerio de Fomento.

Este año pasado, Abertis ha engrosado la factura en 176 millones de euros como indemnización por el menor tráfico registrado y otros 97 millones por el nuevo cálculo financiero. Esta factura engorda año tras año debido a que el Ejecutivo socialista firmó un número de usuarios al registrado hasta ahora, si bien las autopistas de peaje han aumentado el tráfico, éste hasta ahora es insuficiente según los pliegos y condiciones del acuerdo.

En el Ministerio de Fomento estaba entonces Magdalena Álvarez, ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones e imputada en el caso de los ERE de Andalucía. La firma de Álvarez a estos números era contraria al veredicto del Consejo de Estado, que advertía de este riesgo en las autopistas de peaje.

Tras la llegada del PP al Gobierno, Fomento, con Ana Pastor, inició una guerra judicial contra Abertis para evitar el pago de esta indemnización por un menor tráfico en las autopistas de peaje. Pastor sí siguió el dictamen del Consejo de Estado, aunque ya es demasiado tarde. Los jueces están dando la razón a Abertis en los tribunales, como hizo el TSJ de Madrid en 2016.

De esta forma, la concesión de la AP-7 y su indemnización continuarán corriendo hasta 2021. La factura podría alcanzar casi otros 600 millones por este concepto en el próximo trienio. Pero además hay que sumar otros 1.000 millones por las obras de ampliación que pidió Fomento. La reclamación hasta ahora al Estado asciende ya a 2.600 millones de euros, según ha asegurado Abertis en sus cuentas.

El actual ministro, Íñigo de la Serna, continúa oponiendo resistencia en los tribunales, pero Abertis continuará haciendo valer su contrato y lo defenderá «con más convicción». De momento, la batalla judicial podría pararse en caso de un acuerdo entre las partes implicada, en caso de no haberlo, Abertis continuará reclamando, como ha hecho hasta ahora en pro de los intereses de clientes, accionistas, la propia empresa y sus trabajadores.