Familia incrementa un 8-9 por ciento el presupuesto para concertar la atención a la discapacidad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció hoy que la concertación social con las entidades del Tercer Sector se ampliará este año a las residencias de salud mental, tras la experiencia, a modo de prueba, que se puso en marcha en 2022 en los centros de drogas y las casas de acogida. El objetivo es “lanzar” este modelo en “todos” los servicios el próximo año, al comprobar el funcionamiento de los primeros contratos. Por lo tanto, se pasará de la subvención a la concertación social.

Con motivo de la firma un convenio de colaboración con Cermi, Blanco recordó que el decreto de concertación social se aprobó el año pasado y los primeros servicios en acogerse a este nuevo modelo fueron los centros de drogas y las casas de acogida, que salieron por un periodo de un año, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y el cumplimiento de los pliegos. A lo largo de 2023, saldrán por dos años, que serán prorrogados por otros dos, hasta un total de cuatro ejercicios. “La concertación social es una herramienta de contratación pública que permite la normativa estatal y a nivel europeo que no solo tiene en cuenta los factores económicos, al ser servicios sociales y prestados por entidades del Tercer Sector y valorarse la calidad de la atención”, expuso Blanco.

Además, la consejera destacó, según recogió la Agencia Ical, la importancia de la concertación social para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las entidades, al asegurarse una financiación “estable” durante cuatro años pero también al homogeneizar el coste por plaza y los servicios en toda la Comunidad. Por lo tanto, todos los ciudadanos recibirán los mismos servicios con independencia de la provincia. En este sentido, el presidente de Cermi Castilla y León, Juan Pérez, valoró el decreto de concertación para lograr la sostenibilidad de las entidades, al estar asegurada la prestación de servicios durante un periodo largo. También, se mostró convencido que la concertación irá “a más”.

El acuerdo para actualizar el Protocolo para la Mejora del Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad se acompañará de un esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León con un incremento del precio de los conciertos para personas con discapacidad, de un ocho por ciento para centros de día y residencias y de un nueve por ciento en viviendas, que afectará a 7.047 plazas concertadas para personas con discapacidad -1.957 en residencias, 962 en viviendas y 4.128 en centros de día-. Esta medida supondrá un incremento en la financiación de la concertación para personas con discapacidad de cerca de cinco millones de euros, alcanzando este año los 96 millones de euros en concertación.

El nuevo protocolo tiene como objetivos fundamentales avanzar en el modelo de atención centrado en la persona, dotando a las personas con discapacidad de la mayor autonomía posible, a lo largo de toda su vida, promoviendo su derecho a la toma de sus propias decisiones; garantizar los apoyos que necesite -en vivienda, empleo, asistencia personal, etc.-; potenciar la innovación de productos y servicios, con la implicación del usuario; avanzar en el desarrollo de la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; planificar su integración y participación social; impulsar medidas de mayor profesionalización en la gestión de las entidades; y profundizar en medidas de buen gobierno y transparencia de las entidades.

Una vez concluida la evaluación del anterior plan, la Junta está embarcada en elabora uno nuevo, en el que ya se está trabajando, y que cuenta, nuevamente, con la participación de las entidades del Tercer Sector a través de Cermi Castilla y León y de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. La responsable de los Servicios Sociales en la Comunidad han informado sobre los retos y desafíos para el futuro, que están siendo el punto de partida para la orientación estratégica del próximo plan. 

Entre ellos se encuentran reforzar la autonomía y empoderamiento de las personas con discapacidad desde la base del modelo centrado en la persona; lograr una sociedad más inclusiva; potenciar los servicios desinstitucionalizados y de base comunitaria en el marco de la Estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030; favorecer una respuesta adecuada en la transición entre las diferentes etapas del ciclo vital; favorecer la accesibilidad universal de los servicios, productos y bienes, especialmente en la accesibilidad cognitiva y sensorial; superar la brecha digital; seguir mejorando el acceso al mercado laboral y modernizando los centros especiales de empleo; seguir abordando el envejecimiento de la población con discapacidad, sobre todo, sus efectos en el empleo, en una mayor fragilidad en la salud y en la atención a largo plazo ante las dificultades de los padres en continuar con el rol del cuidado; y mejorar la transversalidad de las políticas públicas y agilizar los sistemas de información y seguimiento.

Teniendo en cuenta estos retos, el nuevo Plan Estratégico ha establecido tres pilares fundamentales que son la autodeterminación de la persona y su proyecto de vida, una visión integral de la discapacidad que considera tanto a la persona y a la familia como al contexto de los entornos y la comunidad con los que interactúa y la orientación basada en la respuesta a las necesidades y lo importante para las personas con discapacidad a lo largo de las etapas del ciclo vital.

Isabel Blanco también apuntó que uno de los diez ejes estratégicos será el Plan Autonómico de Accesibilidad de Castilla y León, que se publicará en los próximos días en el Gobierno Abierto, con el objetivo de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad y el conjunto de la ciudadanía presenten sus alegaciones para mejorar el texto.

Plan estratégico 2016-2020

La reunión de hoy también sirvió para evaluar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2016-2020, que, según la consejera, ha permitido impulsar el modelo de atención. Precisó que el Plan contó con 752 millones de euros, distribuidos entre todas las consejerías de la Junta, aunque el peso de su ejecución ha correspondido a la Gerencia de Servicios Sociales en un 91 por ciento. “El plan incluía 195 medidas distribuidas en once ejes estratégicos y de su evaluación se constata que la gran mayoría de medidas previstas han sido ejecutadas total o parcialmente, un dato especialmente reseñable teniendo en cuenta la paralización generada por la pandemia del COVID-19”, subrayó.

En su periodo de vigencia, la Gerencia de Servicios Sociales ha ejecutado un total de 686 millones de euros, un 11 por ciento más del presupuesto previsto, que se ha concentrado especialmente en tres ámbitos. Por un lado, en apoyos para la autonomía de las personas en el hogar, con más de 330 millones, un 48 por ciento sobre el total del presupuesto. En este sentido, ha aumentado un 38 por ciento el número de plazas en viviendas, un tres por el número de personas con discapacidad que reciben apoyos en viviendas normalizadas, se ha dado soporte a través de viviendas de itinerarios a 102 personas con discapacidad en su proceso de emancipación y se han incrementado los servicios de asistencia personal un 400 por ciento. Todas estas actuaciones garantizan que la persona con discapacidad pueda vivir de acuerdo con sus deseos en condiciones apropiadas y pueda decidir cómo, dónde y con quien quiere vivir.

Por otra parte, el 29 por ciento del presupuesto se ha destinado a formación y empleo, lo que supone que se haya apostado con más de 198 millones de euros por los itinerarios de formación y empleo y la continuidad de la atención entre el sistema educativo y el de servicios sociales que garantice la integración social y laboral. Gracias a estas medidas, la tasa de actividad entre las personas con discapacidad en Castilla y León es del 36,5 por ciento, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional; han aumentado un 20 por ciento las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y un 26 por ciento las personas con discapacidad con empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario. Además, 1.795 personas de media anual han tenido acceso al mercado laboral a través de los itinerarios de formación para el empleo. Por último, al ámbito del envejecimiento activo se ha destinado el 18 por ciento del presupuesto, 125 millones de euros que han servido para favorecer un envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad. El resultado global es que las actuaciones desarrolladas han hecho posible dar respuestas personalizadas, flexibles y dinámicas a las diversas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias y se ha comprobado que lo que ha favorecido el éxito de estos resultados ha sido, principalmente, el enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad y una comunicación y coordinación fluida y directa entre la administración pública y las entidades.

Juan Pérez apostó por que el nuevo plan haga hincapié en todo lo relacionado con el empleo, al precisar que es uno de los elementos más “integradores” para las personas con discapacidad. También, abogó por implementar la profesionalidad en las entidades del Tercer Sector, más allá de la voluntariedad, al considerar que las organizaciones deben estar mejor gestionadas al prestar un gran número de servicios. Además, citó la importancia de que el modelo sea evaluable.