La organización profesional agraria Asaja ha pedido al Gobierno de España que vire hacia una posición «firme contra el acuerdo UE-Mercosur en su forma actual». Mientras que el Ejecutivo de Sánchez apoya el acuerdo actual, otros países, como Francia, se oponen, y toman medidas como prohibir las importación de productos agrícolas tratados con cinco fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por un período máximo de un año, a la espera de que la Comisión Europea adopte las medidas «adecuadas», según un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial.
Asaja ha mostrado su posición coincidiendo con la reunión extraordinaria este miércoles de ministros de Agricultura de la Unión Europea y, de hecho, ha enviado una carta al ministro español, Luis Planas, en estos términos.
La organización ha advertido de que el acuerdo «amenaza la viabilidad de miles de explotaciones y perjudica también a los consumidores», al permitir la entrada de alimentos con estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad inferiores a los exigidos en la UE.
En concreto, tendría un «grave impacto» sobre sectores «especialmente sensibles» como la carne de vacuno, las aves, el azúcar, el etanol, los cítricos, el arroz, la miel o el maíz.
Asaja ve «claramente insuficiente» el reglamento de salvaguardias propuesto por la Comisión Europea, «al no permitir una actuación preventiva ni automática ante perturbaciones del mercado».
El Gobierno intenta justificar Mercosur con compensaciones presupuestarias
Por todo ello la organización ha reclamado al Gobierno de España que «no utilice compensaciones presupuestarias para justificar Mercosur y defienda una política agraria y comercial coherente, que proteja la producción europea, garantice alimentos seguros y de calidad y preserve el futuro del medio rural».
En paralelo, Asaja ha reclamado garantías «reales» para la agricultura y la ganadería europeas ante la modificación del Marco Financiero Plurianual post-2027.
Ha analizado la propuesta que la Comisión presenta hoy a los ministros de Agricultura y que recoge aspectos como un incremento potencial de 45.000 millones de euros para agricultura, mediante el adelanto de márgenes presupuestarios del futuro MFP; o la apertura de 48.700 millones de euros del Fondo Rural para medidas agrícolas.
Para Asaja, estos fondos serían de carácter voluntario para los Estados miembros, lo que introduce un riesgo «real» de desigualdad y fragmentación del mercado único, «si algunos países no los solicitan o los aplican de forma desigual».
Por ello, la organización exige que cualquier refuerzo presupuestario para la PAC sea obligatorio, exclusivo para la agricultura y con un marco de rendimiento propio, que tenga en cuenta indicadores socioeconómicos y no únicamente ambientales.