Aliseda (Blackstone) se fija como objetivo de ventas de suelo en 450 millones

La inmobiliaria Aliseda tiene un presupuesto de ventas para este año que supera los 450 millones de euros en suelos, que son propiedad de Blackstone y de Sareb, lo que supone más de 35 millones de euros al mes.

Según ha indicado su consejero delegado, Eduard Mendiluce, la compañía tiene 2.500 millones de suelo en gestión, de los que cerca de 1.400 millones son suelo finalista que se está poniendo a disposición de promotores cada mes.

En el marco de unas jornadas inmobiliarias organizadas por El Economista, ha indicado que este suelo se está vendiendo a promotores y constructores locales en ‘tickets’ que van entre 1 y 5 millones y que están ubicados por toda España.

«Hay una escasez de suelo finalista brutal», ha apuntado el CEO de la compañía, que ha iniciado una campaña más potente para contactar con promotores interesados.

Además cree que la banca debe ser más atractiva en la financiación del suelo, un mercado en el que predomina además una gran inercia burocrática.

Freno de la inversión institucional de Aliseda

Durante su intervención ha apuntado que Madrid tiene una orientación más liberal y mas cercana a la propiedad privada, a diferencia de Cataluña, donde se ha sobrerregulado sobre la iniciativa privada, se aplica un control de los alquileres y se protege a los «okupas» ilegales.

Esta regulación en materia de alquileres frena la inversión institucional, tanto nacional como internacional, apunta Mendiluce, que agrega que los inversores necesitan certidumbre, que no se puede regular sin tener en cuenta a la iniciativa privada y sin acciones sobre la oferta para compensar el control de precios recogido en la Ley de Vivienda.

Además, espera que se recupere la tramitación de la Ley del Suelo, una reforma que reconoce que les gustaba, y que si puede ser con un texto mejorado mejor.

También señala que el Gobierno se ha mostrado receptivo a las propuestas que le han hecho desde la compañía para movilizar vivienda vacía y suelo privado, aunque falta voluntad de tomar decisiones.

Por otro lado, ha recordado que el 45 % del alquiler a mercado son de familias en riesgo de pobreza, más de 2 millones, que las moratorias de desahucios rozan ya la ilegalidad y que hay más de 150.000 personas que están en una situación de limbo a los que se les han suspendiendo lanzamientos.

En su opinión, hay que hacer algo ya, un plan de choque sobre la vivienda ya producida, ya que la gravedad del problema es brutal. Además, para aumentar la producción y la rehabilitación de vivienda, y dada la escasez de mano de obra actual, ha apostado por programas de formación superintensivos para los inmigrantes que llegan a España.