El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que si no pueden aprobar en estos momentos el proyecto de urbanización de la Operación Campamento es porque el Gobierno no les ha remitido la memoria de gestión del planeamiento, el plan de saneamiento y el plan de gestión de agua.
En la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado para explicar cómo influye el marco legal nacional en el problema de vivienda en el municipio de Madrid, Almeida ha asegurado que es el primero que quiere que salga adelante pero que no se puede engañar a los españoles.
Almeida ha hecho así referencia a las declaraciones que ha hecho esta mañana la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha asegurado que espera que «de manera inminente» el Ayuntamiento de Madrid les dé la aprobación definitiva al proyecto de urbanización que presentaron en febrero, hace casi un año.
En este sentido, el alcalde de Madrid ha subrayado que su administración ha colaborado legalmente para sacar adelante este desarrollo inmobiliario en Madrid pero que si no han podido aprobar en estos momentos el proyecto de urbanización se debe a que no les han remitido todos los documentos que se requieren, además de faltar los informes sectoriales correspondientes.
Por segunda vez y de la mano de Sánchez, porque ya lo hizo Zapatero en 2006, han comenzado los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid
Este pasado lunes comenzaron, por segunda vez y de la mano de Sánchez, porque ya lo hizo Zapatero en 2006, los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, un paso que marca el inicio de este nuevo desarrollo inmobiliario tras cerca de 40 años de idas y venidas, y que acogerá un total de 10.700 viviendas públicas y asequibles.
La ministra de Vivienda ha fijado para finales de 2027 o principios de 2028 las primeras viviendas de la Operación Campamento, un nuevo barrio que será mixto, con viviendas tanto de alquiler como de compra.
En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30 % de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad. En el caso de las ventas, se asegurarán importes por debajo del precio de mercado.
