De las 50.000 viviendas anunciadas en alquiler por Sánchez, 15.000 están sin construir y 14.000 ya están habitadas

Lleva ya casi cinco años gobernando, desde junio de 2018, y solo cuando las encuestas le vaticinan un adverso resultado electoral ha reaccionado Pedro Sánchez en el tema de la vivienda, con parque público en alquiler de viviendas en España de solo el 3%. No ha tenido reparo, como en otros temas, que grupos minoritarios contrarios a España, marquen la política al resto de españoles, como ha sido el caso de la aprobación de la Ley de Vivienda bajo las exigencias de los separatistas de ERC y los proetarras de EH Bildu.

Ahora dice el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20 % la vivienda pública en España. Ahora, el plan no tiene fecha, y de esas 50.000 viviendas, 15.000 son de nueva construcción en suelos de la Sareb, y 14.000 ya están habitadas, en total suman 29.000 de las 50.000 anuncias.

Las viviendas que la Sareb, cuyo 50,14% del capital es del Estado tras recientes compras a accionistas minoritarios a través del Frob y el resto están manos privadas, en bancos como Santander o Caixabank, cuenta en la actualidad suman 46.542 unidades, más otras 14.202 pendientes de construir, aunque no se sabe en que fecha estarán terminadas o si se concluirán dichas obras, porque son promociones inmobiliarias fallidas hace ya más de 10 años y muchas de ellas están paradas, abandonadas o ‘okupadas’ ilegalmente. Y a los ‘okupas’ ya se sabe que en España no se les toca: tienen más derechos que los propietarios.

Activos de la Sareb

Accionistas de la Sareb

En la clausura de la conferencia municipal del partido, en Valencia, en la que los socialistas han fijado las bases para las elecciones de mayo, Sánchez ha asegurado que el Gobierno va a ir más allá, tras sacar adelante la primera ley de vivienda estatal, con un plan de medidas que se aprobarán la próxima semana.

El Consejo de Ministros aprobará poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas; impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb, según han informado fuentes del Gobierno.

Sánchez ha calificado como un «gran hito» la nueva ley de vivienda, que es un «logro», ha dicho, no sólo de la coalición de Gobierno progresista –extrema izquierda de Unidas Podemos, separatistas de ERC y proetarras de EH Bildu– sino de la gente, porque hay muchos padres que viven el «auténtico problemón» que supone el acceso a la vivienda sobre todo entre los jóvenes. Ese acceso a los jóvenes no solo lo dificulta el precio de la vivienda, sino una tasa de paro juvenil en España que ronda el 30%, la más alta de toda la Unión Europea, igual que ocurre con la tasa de paro general de casi el 13%, que dobla la media de la UE.

«Es un problemón porque la vivienda en España es un derecho constitucional, pero no real, lo que hace que nuestros jóvenes tengan edades inaceptables para acceder a una vivienda y emanciparse», ha señalado el presidente, antes de remarcar que esta situación segrega a la sociedad por barrios.

Ha explicado que hay estudios que indican que un 70 % de la desigualdad de un país es producto de la dificultad de acceso a una vivienda digna y ha expuesto algunos datos que reflejan de manera «elocuente» el «drama que supone para las familias» los problemas en este ámbito. La mayor desigualdad la genera el paro y la oferta de empleo.

En la Unión Europea de los 27, España es el cuarto país en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 45 % desde 2014 al 2021, porcentaje que llega al 11 % en el caso de la vivienda en propiedad.

España es, ha indicado además Sánchez, el tercer país de la UE que más viviendas vacías tiene y cuenta con solo un 3 % de vivienda pública, frente a una media en Europa del 9 % y con países que llegan al 20 %. A esa conclusión le ha costado a Pedro Sánchez llegar cinco años para tomar medidas ante el negro panorama de la vivienda en España.

Un porcentaje al que se ha comprometido a llegar y que servirá además para controlar mejor la evolución de los precios. «Eso es lo que quiero -ha dicho- para mi país, porque eso garantiza una mayor accesibilidad, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda y bajará la edad de emancipación».

Sánchez ha criticado además la política de vivienda del PP, un «rotundo fracaso» basada en convertir «un derecho en una mercancía» con tres ejes de base.

Primero, el «viejo mantra del neoliberalismo de liberalizar el suelo», lo que «cebó la burbuja» inmobiliaria y la especulación «además de los sobrecitos que implicaron la corrupción» -no se acuerda, sin embargo, de los miles de viviendas públicas que podrían haberse construido con los cerca de los 1.000 millones de euros estafados en los ERE falsos por responsables del PSOE en la Junta de Andalucía-; segundo, las bonificaciones fiscales que «solo beneficiaron a los promotores», aunque, en realidad, fueron muchos lo hipotecados los que sacaron beneficios, y tercero, la «privatización a fondos buitres de viviendas públicas», ha concluido, aunque en enero se sintió muy cómodo hablando en Davos, Suiza, con los máximos responsables de dos de los mayores fondos de inversión del mundo, BlackRock y Mubadala, a los que intentó convencer para invertir en España. Pero, claro, eso era Davos, el fondo de la globalización comandado por George Soros, uno de los mayores especuladores mundiales y amigo y consejero de Sánchez.