El grupo parlamentario Sumar, socio de coalición en el Gobierno de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz a la cabeza, va a presentar una iniciativa legislativa en el Congreso para que la actividad bancaria sea definida como un servicio de interés general, y que haya un derecho básico a tener una cuenta sin comisiones e hipotecas de tipo fijo regulado y estable.
Así lo ha indicado este jueves su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, en la apertura de la jornada ‘Retos económicos y sociales del sector bancario en España’, organizada por su grupo en el Congreso de los Diputados.
La jornada la ha abierto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha indicado que «la banca es un servicio estratégico de alto impacto en la vida cotidiana de millones de personas».
Díaz dice que a la banca le hace falta una «relectura de la democracia económica»
Ha añadido que hace falta una «relectura de la democracia económica», que «pasa, singularmente, por una banca que también esté sometida al interés general».
Díaz ha dicho que en una «sociedad decente» el acceso al crédito, al ahorro y a una cuenta corriente no debe depender del código postal, de dónde viva uno, de la clase que se ostente ni de la edad ni del sexo.
Además, ha dicho que la ciudadanía española «asumió las consecuencias» de la crisis del sector financiero, que ha señalado que «desencadenó un rescate archimillonario, sufragado de manera democrática por toda la sociedad».
Se equivoca, miente o tiene total desconocimiento Díaz de los que pasó. Los que metieron al sistema bancario español en problemas fueron las cajas de ahorro, la ‘banca pública’ de entonces, gestionadas por políticos y donde todos los partidos y sindicatos como CCOO y UGT tenían representación en sus asambleas. De hecho, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era miembro de la Asamblea de Caja de Madrid cuando se aprobó la emisión de participaciones preferentes que arruinaron a miles de inversores.
La banca privada como Santander, BBVA, Bankinter o Banco Sabadell no necesitaron del rescate público del que habla Díaz, sí las cajas de ahorro gestionadas por políticos
La gran banca privada, es decir, ni el Santander, ni el BBVA, ni Bankinter o Banco Sabadell necesitaron del rescata multimillonario del que habla Díaz. Ni siquiera el Banco Popular, aunque más tarde quebró y no se le rescató con dinero público perdiendo los accionistas y bonistas toda su inversión. Si lo hicieron cajas de ahorro, como la de Castilla-La Mancha, la primera que quebró dirigida por un histórico socialista como Hernández Moltó o Caixa Catalunya, dirigida por otro socialista que llegó a vicepresidente del Gobierno con Felipe González como Narcis Serra.
No se salvó a los banqueros, si a los políticos y a los ciudadanos que tenían depositado su dinero en esas cajas de ahorro.
Díaz insiste en culpar a la banca del rescate bancario de 71.883 millones de euros aunque la mayoría de ese dinero fue para rescatar a las cajas de ahorro gestionadas por políticos
Pero Díaz insiste en su argumentario contra la banca. Ha señalado que España accedió a un «rescate bancario», que, según el Tribunal de Cuentas, ha costado 71.833 millones de euros, a lo que hay que añadir 100.000 millones de activos fiscales diferidos.
Sin embargo, ha dicho que la banca sigue sin corresponsabilizarse, sin devolver a la sociedad lo que es «justo».
Díaz ha señalado, además, que el rescate a la banca ha servido para evolucionar hacia un modelo bancario más concentrado, más rentable para las entidades pero «más alejado del interés general».
Ha indicado que la concentración que se produjo ha reducido el número de entidades y de más de 45 cajas de ahorro que había en 2008 ahora quedan dos, y las demás quedaron absorbidas o convertidas en bancos, aunque eso fue producto de la pésima gestión pública y política de esas entidades, aunque eso no lo dice Díaz, si no que es historia bancaria de España.
La ministra de Trabajo ha indicado que en el proceso se han reducido más de 100.000 puestos de trabajo y han desaparecido una cifra importante de cajeros, además de haber más localidades en las que no hay entidades bancarias.
También ha dicho que la digitalización de la banca se ha hecho sin una estrategia inclusiva, dejando a muchos colectivos al margen.
Mantenimiento del impuesto a la banca
Entretanto, ha señalado que la banca ha obtenido 60.000 millones de euros de beneficios en los últimos dos años y que «mantener el impuesto a la banca hoy es clave».
Díaz ha dicho que el impuesto, recurrido por las patronales bancarias, es una parte «muy pequeñita» de los beneficios de los bancos y que le gustaría que las entidades no lo vean como una «afrenta», sino como un «proceso inclusivo» en que contribuyen a mantener una sociedad democrática y sus servicios públicos.
En opinión de Díaz, en España «tenemos una fiscalidad profundamente injusta» y ha manifestado que «el soporte fiscal de España no puede recaer en las nóminas de los trabajadores».