Los inquilinos destinaron el 50 % de media de su sueldo bruto al pago de su vivienda en 2025, tres puntos más que en 2024, un porcentaje que en la provincia de Barcelona, que presume de la aplicación de la Ley de Vivienda de PSOE-Sumar, sube al 76%, según los sueldos medios de las ofertas de empleo de InfoJobs y los precios del alquiler de Fotocasa.
El estudio subraya que el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 6,9 % y alcanzó en diciembre los 14,21 euros/m2 al mes, mientras que el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs fue en 2025 de 27.336 euros (2.278 euros brutos mensuales en 12 pagas).
Esto significa que los españoles tuvieron que dedicar la mitad del sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, el porcentaje más alto desde 2019, apuntan ambas plataformas en un comunicado.
Cataluña, que presume de aplicación de la Ley de Vivienda de PSOE-Sumar, esta la cabeza junto a Madrid
Por comunidades autónomas, en 14 comunidades de ellas se incrementó el dinero destinado a pagar el alquiler, mientras que en Navarra y Madrid se mantuvo y solo en Aragón el porcentaje bajó.
Madrid fue la comunidad en la que más porcentaje de sueldo se tuvo que destinar al pago del alquiler, el 71 % del sueldo bruto en 2025, el mismo valor que en 2024.
El precio de la vivienda en alquiler en Madrid cerró 2025 con un descenso anual del 1,4 % hasta situarse en diciembre en 20,33 euros/m2 al mes, lo que supone que los inquilinos destinaron el 71 % de su sueldo bruto al pago de la renta teniendo en cuenta el salario bruto medio en Madrid registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 27.680 euros.
Tras Madrid, las comunidades autónomas en las que se dedicó más dinero de los sueldos a pagar el alquiler de una vivienda de 80 fueron Cataluña (70 %); Baleares (64 %); País Vasco (58 %); Canarias (56 %); Comunidad Valenciana (48 %); Cantabria (43 %); Navarra (41 %), Andalucía (41 %); Asturias (41 %); Galicia (38 %); Aragón (37 %); Castilla y León (36 %); Murcia (36 %); La Rioja (36 %); Castilla-La Mancha (32 %) y Extremadura (29 %).
En la provincia de Barcelona se llega al 76 % del sueldo para pagar el alquiler de una vivienda
Por provincias, Barcelona fue la que registró el precio por metro cuadrado más caro de España cerrando 2025 con un incremento anual del 8 % hasta los 21,90 euros/m2 en diciembre. Con ello, se destinó de media el 76 % del sueldo a pagar su vivienda en alquiler, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Barcelona registrado por InfoJobs era de 27.814 euros (2.318 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas).
Entre las 10 provincias que dedicaron más sueldo al pago del alquiler por una vivienda de 80 metros cuadrados también está Madrid (72 %); Baleares (64 %); Vizcaya (61 %); Las Palmas (57 %); Guipúzcoa (57 %); Málaga (57 %); Gerona (55 %); Santa Cruz de Tenerife (54 %) y Valencia (53 %).
Esta presión económica está obligando a muchas personas a retrasar decisiones vitales, como emanciparse, formar una familia o incluso cambiar de empleo. Además, compartir vivienda ha dejado de ser una opción puntual para convertirse en una necesidad estructural entre quienes buscan reducir el enorme esfuerzo económico que exige hoy acceder a un hogar, comenta la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.
Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, añade que los datos de 2025 confirman la creciente desconexión entre la evolución salarial y el precio del alquiler en España. Una brecha, que no solo tensiona la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo, sino que también condiciona decisiones vitales y de movilidad laboral.
El FMI confirma lo que el mercado ya demostraba: tres años de Ley de Vivienda, 120.000 pisos menos y alquileres que no dejan de subir
El Fondo Monetario Internacional acaba de emitir su advertencia más directa sobre la política de vivienda española. En su informe ‘Artículo IV’, el organismo desaconseja el tope al precio de los alquileres, señala a Cataluña como ejemplo de los efectos indeseados de la regulación y exige medidas urgentes para impulsar la oferta.
Esta recomendación, recuerdan desde el despacho AF Legis, llega el mismo día en que se conocen los últimos datos del Observatorio del Alquiler: “en tres años de Ley de Vivienda han desaparecido del mercado 120.000 viviendas de alquiler en España, casi 50.000 de ellas solo en la provincia de Barcelona”.
Para la socia del despacho, Arantxa Goenaga, el cuadro es concluyente: la norma aprobada en mayo de 2023 no ha contenido los precios, pues el alquiler medio nacional alcanza ya los 1.205 euros mensuales, un 5,1% más que hace un año, ni ha mejorado el acceso a la vivienda. “Ha contraído la oferta, ha incrementado la presión de la demanda y ha generado una inseguridad jurídica que está expulsando a los propietarios del mercado”, asegura.
El FMI desmonta el argumento del control de precios
El organismo internacional no deja margen a equivocación. Su informe desaconseja expresamente el tope de alquileres porque, en lugar de solucionar el problema, genera efectos secundarios que lo agravan, como la reducción de la oferta disponible y retirada de inmuebles del mercado de alta gama.
Las tres soluciones del FMI apuntan en dirección opuesta a la Ley de Vivienda: desarrollo urbano más rápido, reducción de la incertidumbre jurídica y simplificación de los procedimientos de concesión de licencias de construcción. El organismo cuantifica el problema estructural: el déficit de vivienda acumulado desde 2021 supera las 800.000 unidades, sin incluir a los jóvenes que no han podido emanciparse. Un hogar medio necesita ocho años de renta íntegra para comprar una vivienda en España, cifra que se eleva a casi dieciocho años en Madrid, Barcelona o Baleares.
Para Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, la posición del FMI confirma lo que la práctica jurídica ya evidenciaba: “regular no equivale a intervenir. La regulación que funciona es la que da certeza a todos los actores del mercado, no la que carga sobre el propietario privado obligaciones que corresponden al Estado. Cuando la norma castiga al que oferta, la oferta desaparece. Es la consecuencia más elemental y la que tres años de datos confirman sin excepción”.
Barcelona, de 130.000 viviendas en alquiler a 79.000
Los datos del Observatorio del Alquiler certifican la magnitud del retroceso. La provincia de Barcelona ha pasado de una oferta de alrededor de 130.000 viviendas en alquiler a una previsión de apenas 79.000 inmuebles en 2026. En términos absolutos, es la provincia más castigada del país. Detrás figuran Tarragona (-2.881 viviendas), Vizcaya (-1.588), Lleida (-1.242) y Guipúzcoa (-948). Solo en 2026, el Barómetro del primer trimestre proyecta la pérdida de otras 14.391 viviendas adicionales en todo el territorio nacional.
La contracción de la oferta se ha traducido directamente en una explosión de la presión de la demanda. En Barcelona ciudad, compiten hoy 453 interesados por cada inmueble en los primeros diez días de publicación (frente a 80 en el primer trimestre de 2024). A escala nacional, la ratio es de 141 interesados por vivienda, frente a 112 hace un año. El ajuste no se está produciendo vía precios, sino vía acceso: menos pisos disponibles para más personas.
Una inseguridad jurídica que el propietario paga y el inquilino sufre
Sandra Aurrecoechea, socia de Marín & Mateo Abogados, advierte de que el impacto de la ley no se mide solo en estadísticas de oferta. “La Ley de Vivienda ha introducido una capa de incertidumbre jurídica que no existía. Los propietarios no saben con qué criterio se aplicará la norma, qué duración tendrá realmente el contrato que firman ni en qué condiciones podrán recuperar su inmueble. Esa incertidumbre tiene un coste directo: el propietario que puede elegir, elige no alquilar”.
La letrada señala que la litigiosidad arrendaticia ha aumentado de forma notable desde la entrada en vigor de la ley, con procedimientos más lentos y un marco legal que, en la práctica, desincentiva la participación de los pequeños propietarios, es decir, la mayoría del parque de alquiler, sin haber generado ninguna alternativa pública que cubra el espacio que dejan al retirarse.
“Es un error estructural de diagnóstico: se ha tratado el acceso a la vivienda como un problema de precios altos provocado por propietarios abusivos. La realidad es que se trata de un problema de oferta insuficiente provocado por décadas de infrainversión pública en vivienda social y por una regulación que penaliza precisamente a los que podrían ampliar esa oferta”, concluye Aurrecoechea.
El Estado como garante: lo que la ley no ha hecho
Tanto Goenaga como Aurrecoechea coinciden en el diagnóstico de fondo: la función de garantizar el acceso a la vivienda corresponde al Estado, no puede ser delegada al propietario privado mediante la acumulación de obligaciones y restricciones.
“Lo que no se regula bien, se hace mal. Pero lo que se regula con el objetivo equivocado genera daños que tardan mucho tiempo en repararse”, sentencia Goenaga, quien recuerda que existen figuras jurídicas, como la propiedad temporal o la propiedad compartida del Código Civil catalán, que llevan años sin aplicarse, a pesar de haber sido diseñadas precisamente para ampliar el acceso a la vivienda sin necesidad de intervenir en el mercado de alquiler.