El auditor de PwC en el Popular defiende las cuentas y descalifica al inspector del Banco de España

El socio auditor de PwC José María Sanz Olmeda, que se encargaba de las cuentas del Popular, ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional, donde ha ratificado que las cuentas del banco eran correctas y ha descalificado un informe de un inspector del BCE por «sesgo retrospectivo».

Sanz Olmeda ha comparecido ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, que investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

PwC fue la firma auditora del Banco Popular durante los años 2015 y anteriores, y José María San Olmeda fue el máximo responsable de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos de auditoría en dicha entidad financiera desde 2009 a 2015.

El auditor ya declaró el pasado 20 de octubre como investigado ante el titular del juzgado central de instrucción nº 5, Santiago Pedraz, en la causa sobre la ampliación de capital realizada por el banco en 2012 a raíz de la presentación de una querella.

En su declaración de este miércoles ante el juez Calama, Sanz Olmeda ha cargado con dureza contra el informe realizado por un inspector del Banco Central Europeo (BCE), Jesús Martínez Usano, según han explicado a EFE fuentes judiciales.

Martínez Usano declaró el pasado 4 de marzo como testigo en su condición de jefe del equipo que llevó a cabo sendas inspecciones en el Popular sobre riesgo de crédito y contrapartida.

La primera de ellas tuvo como objeto verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado, en tanto que la otra se ocupó de verificar la correcta clasificación contable de una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.

El técnico declaró ante el juez que el incumplimiento de las normas contables durante el ejercicio de 2016 tenían como efecto la «alteración de los coeficientes de solvencia declarados» a esa fecha.

Sanz Olmeda ha asegurado ante el juez Calama que los criterios aplicados para el análisis de los activos del Popular eran «correctos», según fuentes jurídicas, y ha criticado «el sesgo retrospectivo del informe de Usano».

El Popular no tenia ajustes contables pendientes tras el ejercicio de revisión contable Asset Quality Review (AQR) que llevó a cabo el BCE a finales de 2014, ha añadido.

No cabe por tanto una interpretación o aplicación retrospectiva, ha explicado, de la circular del Banco de España de 2016 sobre desarrollos en la regulación bancaria, estándares contables internacionales y directrices sobre gestión del riesgo de crédito.

También ha explicado, según las mismas fuentes, que normalmente su interlocutor era el interventor del banco, y no el consejo de administración.

Asimismo, se ha referido a las tasaciones del banco, en las que no se detectaron nada mas que incorrecciones «inmateriales», de las que se encargaban empresas tasadoras independientes y sobre las que ni el banco ni el auditor intervenían en modo alguno.

El juez Calama mantiene abiertas dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.