El Fondo Monetario Internacional (FMI) insta a las autoridades españolas a expandir la oferta en materia de vivienda, acometer acciones regionales específicas y agilizar los permisos en el sector de la construcción.
Así se recoge en su informe de evaluación de la economía española, dado a conocer este viernes, en el que este organismo dedica un apartado a la vivienda y subraya que el rápido aumento de los precios en el sector residencial en España debería abordarse «principalmente» mediante medidas que estimulen dicha oferta.
Aunque se considera que las iniciativas para aumentar el parque de vivienda social, incluidas las contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «constituyen un complemento positivo», el FMI cree que «se debe priorizar el aumento de la oferta, especialmente en zonas con escasez de suelo».
En ese sentido, apunta que impulsar la reforma de la Ley de Suelo y acelerar y simplificar la tramitación de permisos para el sector de la construcción «optimizaría la planificación urbana y ampliaría el suelo urbanizable».
También incide en que las autoridades deben plantear medidas específicas para zonas donde la escasez de suelo es menos intensa y la sobrevaloración de los precios de las viviendas no es una preocupación, como en ciudades medianas o pequeñas del interior.
Facilitar el acceso a la vivienda
«Las medidas específicas orientadas a la demanda pueden facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda para personas solventes pero con limitaciones de liquidez», añade.
Estas recomendaciones en materia inmobiliaria coinciden con las publicadas esta semana por la Comisión Europea (CE) para el actual semestre e inciden en que la modificación de la Ley de Suelo, además de ayudar a desbloquear proyectos estancados, respaldaría una «necesaria» mejora de los niveles de inversión en infraestructura y vivienda, que siguen por debajo de los niveles prepandemia.
No obstante, señala como un riesgo a la baja el hecho de que la subida de los precios inmobiliarios pueda eventualmente afectar a los bancos, ante la posibilidad de que algunas familias, en especial las que compran primera vivienda, opten por productos hipotecarios de mayor riesgo y carga de deuda.
