El Gobierno defiende que el Estado del Bienestar lo tienen que pagar los trabajadores y empresarios

El Gobierno ha defendido este martes, ante las críticas de oposición y empresarios, que el nuevo mecanismo de equidad en las pensiones evita recortes mientras han recordado que un estado de bienestar fuerte debe contar con la financiación necesaria, aunque en este caso, esa subida de cotizaciones a la Seguridad Social a trabajadores y empresarios, que mermarán las nóminas y retraerá inversiones y empleo, no es para mejorar ni para tener un Estado de Bienestar más fuerte, es, simplemente, para mantener lo que ya se tenía, las pensiones, antes de llegar Pedro Sánchez y sus socios y aliados, todos ellos de extrema izquierda o nacionalistas, al Gobierno.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, han señalado, un día después de sellar con los sindicatos un alza de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos durante una década para hacer frente a la jubilación del denominado «baby boom», que se trata de una apuesta por el estado del bienestar y que eso requiere financiación.

«Si queremos un estado de bienestar fuerte, tendremos que financiarlo», ha espetado Sánchez al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que ha tildado esta medida de «nuevo impuesto al empleo» y ha acusado al Gobierno de «machacar» a la clase media.

«Hay que pagar el estado del bienestar y eso se paga de esta forma en todos los países que tienen modelos análogos al nuestro», había señalado Escrivá por la mañana en declaraciones a Onda Cero.

EMPRESARIOS PIDEN «NO TRIVIALIZAR» LA SUBIDA DE COTIZACIONES

El mecanismo, acordado sin la patronal, ha recibido este martes las críticas del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en declaraciones a Efe ha advertido de que esta subida de cotizaciones «puede cerrar la puerta a todos aquellos que están buscando su hueco en el mercado de trabajo».

Cuerva también ha pedido «no trivializar» sobre cantidades que al final tienen «sus efectos colaterales».

La cuantía de la subida ha sido otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno en su defensa de este mecanismo, que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP en 2013.

Con la aplicación de ese factor, ha ejemplificado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, las pensiones perderían 200 euros, cuando la subida de cotizaciones supone una aportación del trabajador de 2 euros.

Sobre el descuelgue de la patronal del acuerdo, tanto Escrivá como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han subrayado que seguirán buscando el acuerdo en otras reformas como la laboral pero que lo importante y lo que legitima las medidas es que haya diálogo social.

Sacar adelante las reformas con acuerdo de todas las partes es «deseable» pero no «puede ser un fin en si mismo», ha señalado Escrivá mientras recordaba que lo que se ha comprometido con Bruselas es negociar en el diálogo social.

LA OPOSICIÓN VE EL MECANISMO COMO UN «PARCHE» INSUFICIENTE

Desde la oposición, la mayoría de los partidos políticos, PP, Vox, Ciudadanos, ERC, JxCat o PDeCat, han visto en este mecanismo un parche o una medida insuficiente y temporal.

Incluso Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno, ha señalado que aunque es un «buen acuerdo» es «limitado».

ERC, uno de los socios de investidura, ha lanzado el aviso de que el problema de las pensiones no es de gasto sino de ingresos, y ha recordado que de las 55 enmiendas presentadas al Ejecutivo en los presupuestos y vinculadas a pensiones «todavía no hay respuesta».

Los populares han dejado claro que el Gobierno va por «un camino que no es el correcto» y que es el contrario a la creación de empleo, ya que son «costes al empleo» y un «impuesto al trabajo».

Vox ha coincidido en que «subir las cotizaciones es encarecer el empleo» y ha felicitado a la CEOE por su «enorme valentía» al levantarse de la mesa y no aceptar esta medida.

Desde los sindicatos han vuelto a valorar el acuerdo alcanzado y han señalado que el descuelgue de la CEOE demuestra que no hay derecho de veto.

Así, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que tanto Gobierno como agentes sociales prefieren llegar a acuerdos tripartitos, porque «dan más solidez a lo que se pacta», pero que, de no ser así, las reformas saldrán adelante demostrando que «no hay derecho de veto».

«Hemos demostrado que se pueden garantizar las pensiones de los jóvenes sin recortar las pensiones ni aumentar el periodo de cotización necesario para acceder a ellas», ha reflexionado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.